El Gobierno aparca la supresión del Ducado de Franco tras amenazar a la familia con revocarlo

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 05/02/2019 06:50
  • Actualizado: 05/02/2019 13:18

El traspaso del título de duquesa de Franco a Carmen Martínez-Bordiú, el pasado mes de julio, resultó polémico. El titular de Justicia con el Gobierno de Rajoy, Rafael Catalá, ordenó la expedición de la «Real Carta de Sucesión» un día antes de que se votase la moción de censura. El 4 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Ese mismo día, el Ejecutivo socialista anunció que estudiaría la normativa vigente sobre títulos nobiliarios para ver las posibilidades de suprimir el ducado, un título nobiliario, con grandeza de España, que fue creado en 1975 por el rey Juan Carlos I y otorgado a la hija del dictador, Carmen Franco como «muestra de aprecio» y «en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren».

La intención del Ministerio de Justicia era modificar la normativa vigente a través de la Ley de Memoria Histórica como vía para suprimir el Ducado de Franco.

«Si no, no se puede retirar el título. La intención del Gobierno es estudiarlo porque todo lo que se refiere a memoria histórica se va a estudiar con mucha seriedad», destacó entonces su titular, Dolores Delgado. 

Ahora, el Ejecutivo -en una respuesta por escrito al senador de Compromís, Jordi Navarrete- destaca, sin embargo, que «la normativa reguladora de la materia nobiliaria tiene respaldo en las disposiciones constitucionales», en concreto en el artículo 62.f de la Constitución y otros decretos que lo desarrollan.

Navarrete se dirigió al Ejecutivo para preguntar, en concreto, si el Gobierno pensaba «emprender algún tipo de acción» para que Carmen Martínez-Bordiú «pierda el título de ducado de Franco, así como para retirarle el rango de Grande de España» y, en caso de que así fuese, por las medidas concretas y si ya se habían iniciado.

«¿Piensa el Gobierno del Estado Español instar a su majestad el Rey Felipe VI, para que inicie los trámites para la retirada del título nobiliario del Ducado de Franco a la Sra. Maria del Carmen Martínez Bordiú? ¿Qué acciones piensa emprender Gobierno del Estado Español para la eliminación/retirada de las medallas y condecoraciones que celebren, ensalcen o enaltezcan al franquismo y su legado? ¿Hasta cuándo piensa el Gobierno del Estado Español entre los privilegios a los fascistas, herederos de Franco?», concluía la pregunta.

«No se contempla»

El Ejecutivo no hace mención alguna a las acciones emprendidas para la retirada o supresión del título y admite en su lugar que «el régimen de revocación no se contempla en la regulación de los procedimientos de títulos nobiliarios que, como tales, tienen vocación de permanencia en el tiempo a través de las sucesivas relaciones posesorias que se produzcan en cumplimiento del Decreto concesional». Añade, además, que «los criterios ordinarios que informan la sucesión en los títulos nobiliarios de carácter perpetuo, comprendido el Ducado de Franco, son los de parentesco con el causante, sin distinción entre hombres y mujeres».

El actual jefe del Estado, Felipe VI, no tiene potestad para anular este ducado o revocar la sucesión, por tratarse de un título regido por la normativa de distinciones nobiliarias y no de la Corona.

Tras su concesión, desde el PSOE cuestionaron su existencia, que calificaron de «lamentable vestigio del pasado» y criticaron a Don Felipe por no evitar el traspaso «en los tiempos que corren». Esta postura fue suscrita desde Podemos y los partidos independentistas.

Los socialistas esgrimían, para su retirada, la Ley de Memoria Histórica, que obliga a la eliminación de símbolos que supongan una exaltación de la guerra o la dictadura.

En concreto, el artículo 15 de la ley determina que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Sin embargo, aclara también que «lo previsto no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados».

‘Frenazos’ a los anuncios del Gobierno

No es la primera vez que el Gobierno se ve frenado en sus anuncios propagandísticos.

En enero, ya admitió también, a otra pregunta en el Congreso, la imposibilidad de retirar las medallas policiales a Antonio González Pacheco, conocido como ‘Billy el Niño’. 

En su respuesta, el Ejecutivo asumía que «actualmente no se han retirado este tipo de condecoraciones a ninguna persona», ya que «no está regulada la posibilidad de retirada» en la normativa actual.

Ello, pese a que en octubre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que tenía «absolutamente desarrollado» el cambio normativo que permitiría la retirada de la condecoración en ese caso y otros similares.