El Gobierno busca coartada a la regularización masiva: «Sin inmigrantes habría que subir un 14% la recaudación fiscal de las empresas»
El informe evalúa diferentes escenarios económicos, sociales y demográficos a partir de los flujos migratorios
El documento asegura que, de ser necesario, cada trabajador aportará hasta 2.000 euros más al año
El Gobierno busca coartada a la aprobación este martes de la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales. La iniciativa no tiene el respaldo del Congreso, aunque no está obligada a pasar por allí, pero el Ejecutivo apuntala su relato en el informe «España ante el reto migratorio: dos futuros posibles». En él se lee que la tributación de la inmigración es imprescindible para sostener el Estado del bienestar. De lo contrario, esos ingresos tendrán que ser compensados con un aumento del 14% en la recaudación de los impuestos a las empresas.
Explica la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), que depende directamente de Presidencia del Gobierno, que «en un escenario de baja migración, la caída de ingresos a largo plazo sería considerable y, para compensarla únicamente con impuestos, podría ser necesario aumentar la recaudación del impuesto de sociedades en torno a un 14%».
El panorama que dibuja el Ejecutivo pasa por reconocer que «menos migración implica menos gastos» en financiar servicios públicos, pero también supondría «una caída mayor de ingresos». Por tanto, apunta la ONPE, «las cuentas públicas salen perdiendo».
El Gobierno considera que en «un contexto de transición demográfica generada por el acceso a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom, por la caída de la natalidad y por la creciente presión sobre el gasto en pensiones y cuidados de larga duración, la inmigración tiene efectos estructurales sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas» porque «la mayoría de las personas migrantes llegan en edad de trabajar».
Sin embargo, en el informe de más de 50 páginas, el Ejecutivo admite también que «la inmigración no resuelve por sí sola todos los desafíos del sistema de pensiones o del gasto público». No obstante, «sí constituye uno de los pocos mecanismos capaces de aliviar simultáneamente la escasez de mano de obra, mejorar la recaudación y moderar las tensiones presupuestarias de las próximas décadas», concluye.
De no contar con la inmigración esperada, los impuestos a los trabajadores también subirán. El informe pronostica que entre 2050 y 2060 «la demanda de prestaciones se disparará». Ese déficit de ingresos supondrá un gasto extra en 2035 de 9.500 millones de euros, en 2055 de 30.000 millones y en 2075 de 32.000 millones. Para cubrir esta brecha, «las contribuciones a la seguridad social tendrían que aumentar un 12%, un monto equivalente a 2.000 euros por trabajador al año».
El IVA en un 6% y un nuevo problema
El informe no solo propone una subida generalizada de impuestos a empresas y trabajadores, sino que también, con el objetivo de amortiguar la pirámide demográfica y solventar los posibles problemas de financiación del Estado, propone subir otras tasas como el IVA, alrededor de un 6%.
Además, el Gobierno reconoce que actualmente la inmigración supone un «beneficio neto» para el Estado porque estas personas suelen ser jóvenes que aportan mucho en impuestos y consumen pocos servicios de alto coste como la cobertura sanitaria o las pensiones.
Sin embargo, proyectan que para 2075 este margen de beneficio se reducirá un 27%. Este fenómeno se produce porque esa población también envejecerá y pasará de ser cotizante a percibir prestaciones y usar, entre otros servicios, los más costosos: pensiones y sanidad, entre otros.
Al final, esa caída de la rentabilidad fiscal «restará un 0,4% al PIB», lo que significa que la Administración tendrá menos dinero para financiar el resto de partidas de las cuentas públicas. Para evitarlo, apuesta el ejecutivo por la inmigración.
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