España
Ley de Memoria Democrática

La Fundación Franco responde al Gobierno: «Buscan callar a todos los disidentes de su política»

"Es lamentable que se ignoren otras fundaciones que fomentan el odio", asegura

La Fundación Francisco Franco responde al Gobierno de Pedro Sánchez por haber iniciado las actuaciones para la «extinción» de la fundación». «Este tipo de actuaciones buscan callar a todos los disidentes de su política», ha asegurado la entidad. Acusa también al Ejecutivo de Sánchez de «ignorar» a «otras fundaciones que fomentan el odio y el enfrentamiento entre los españoles».

«Denunciamos que este tipo de actuaciones buscan callar a todos los disidentes de la política del gobierno de Pedro Sánchez, que ha realizado un asalto a todas las instituciones del Estado para imponer, con el aletargamiento del pueblo, una dictadura de corte bolivariano», ha asegurado la Fundación Francisco Franco en un comunicado firmado por su presidente, Juan Chicharro Ortega.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado la puesta en marcha de una «comisión liquidadora» para acabar con la fundación, en aplicación de la autodenominada Ley de Memoria Democrática. La Fundación Francisco Franco asegura que el Ejecutivo de Sánchez toma esta decisión para intentar tapar la Ley de Amnistía que el PSOE pactó con Junts y ERC para investir al dirigente socialista.

«Consideramos esperpéntico que, en plena crisis política derivada de la aprobación de la que consideramos inconstitucional Ley de Amnistía, que lesiona la igualdad entre todos los españoles ante la ley, la independencia judicial y la estabilidad de España como nación, el ministerio inicie este procedimiento», señala la entidad.

La fundación esgrime que la autodenominada Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 «contempla medidas contra aquellas fundaciones que no persigan fines de interés general, que no es el caso de nuestra fundación». «Con independencia de que por razones ideológicas no se comulgue con cuanto divulgamos y actuamos, siempre dentro de la legalidad», recalca la corporación.

«Nos resulta incomprensible que se dirijan exclusivamente contra la Fundación Nacional Francisco Franco, la cual cumple con esos fines de interés general según lo demuestran nuestras actividades y estatutos legalmente aprobados», apostilla.

«Ignora otras fundaciones»

La entidad afirma que el Gobierno de Sánchez ignora «otras fundaciones que fomentan el odio y el enfrentamiento entre los españoles». «La Fundación Francisco Franco nunca ha incurrido en tales prácticas. Nuestra misión de preservar y difundir la obra y legado» del dictador Franco «con pleno respeto y sin menosprecio hacia la dignidad de las víctimas», enfatiza.

La fundación defiende que con el periodo de transición que siguió al régimen franquista, «España pudo dejar de ser una república socialista satélite de la URSS, a donde nos llevaba la II República y el Frente Popular, y convertirse en una democracia». «Esta defensa es esencial para comprender nuestra historia y, al mismo tiempo, nuestra misión y objetivos», agrega en el comunicado.

Por último, la Fundación Francisco Franco asegura que seguirá «defendiendo sus principios y luchando por la verdad histórica y la justicia». «Solicitamos a todos los ciudadanos y medios de comunicación que se mantengan atentos a este proceso y que valoren críticamente las acciones que atentan contra la libertad de expresión y la pluralidad en nuestra sociedad», zanja en su nota.

«Acabo de firmar su extención»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves el «inicio» de las actuaciones para la «extinción de la Fundación Francisco Franco». Como ya había adelantado OKDIARIO, su departamento ya trabajaba desde hace un tiempo en la puesta en marcha de una «comisión liquidadora» para acabar con la Fundación, en aplicación de la autodenominada Ley de Memoria Democrática.

«Acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco», ha anunciado Urtasun en un mensaje grabado y difundido en sus redes sociales.

El procedimiento recae en el Protectorado de Fundaciones, del Ministerio de Cultura liderado por Urtasun, que podrá «instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, (…) acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades».