Los funcionarios acusan a Colau de utilizar la Policía como «herramienta» al servicio de los ‘okupas’

La sección sindical del Ayuntamiento de Barcelona (CSI-F) ha solicitado por escrito a la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, que deje de utilizar a la Guardia Urbana como «herramienta» al servicio del movimiento ‘okupa’, algo que genera «inseguridad jurídica» entre los agentes.

El conflicto surge a raíz del procedimiento operativo 11/17 aprobado el pasado 28 de febrero por Colau sobre ‘Desalojamientos privados en bienes inmuebles’. Dicho procedimiento está dirigido a la policía local con el objetivo proteger a los ‘okupas’ de aquellos propietarios (ya sean particulares o empresas) que pretendan desalojarlos de forma extrajudicial.

Fuentes del sindicato de funcionarios del Consistorio barcelonés señalan que esta medida «puede llegar a transgredir incluso la legalidad» vigente: «Si un  propietario de una finca quiere colocar una reja, tapiar una ventana o poner una cámara en su finca ‘okupada’, siempre dentro de la legalidad, en caso de que el ‘okupa’ se sienta coaccionado eso ya es un tema de ámbito privado que debe aclararse en un juzgado».

«Lo que no puede hacer Colau es poner a la policía al servicio de los ‘okupas’, que es lo que ha hecho», denuncian desde CSIF, que explican que en el Código Penal ya viene regulado cómo actuar en estas situaciones: «No hace falta que la alcaldesa nos saque una instrucción y nos diga lo que ya sabemos que debemos hacer en el marco del ámbito penal, que dice que si las coacciones van acompañadas de intimidación o de violencia es un delito perseguible de oficio, pero si son meras coacciones de la esfera privada hay que dirigirse al juzgado».

El sindicato demanda a la alcaldesa «que revise el procedimiento operativo en el sentido de garantizar la seguridad jurídica de los agentes», algo que según los propios servicios jurídicos del sindicato no ocurre ahora mismo. El sindicato recalca por escrito que tiende a «no ‘policializar’ cuestiones entre particulares que pueden resolverse a través de otras áreas de intervención por parte de de las administraciones.

Además, el sindicado insta al Ayuntamiento de Barcelona a crear «servicios descentralizados de mediación de conflictos entre particulares con el objetivo de eliminar la excesiva ‘policialización’ en la intervención de la resolución de conflictos entre privados».