Los Franco solicitan paralizar la exhumación por irregularidades administrativas del Gobierno

El mismo día en que se ha conocido el escrito del prior del Valle de los Caídos oponiéndose a la exhumación de los restos de Franco, los nietos del dictador han dirigido un nuevo escrito a la subsecretaria de Justicia e instructora del expediente, Cristina Latorre, para solicitar que se paralicen los trámites mientras no se resuelva sobre su recusación.

Latorre ha sido denunciada varias veces por la Fundación Nacional Francisco Franco, la última el pasado 29 de diciembre, dado su «manifiesto interés partidista». Los Franco se quejan de «la falta absoluta de notificación de trámites y actuaciones que de manera premurosa está llevando a cabo» en el procedimiento administrativo necesario para hacer efectiva la salida de los restos de la Basílica de Cuelgamuros.

La familia del dictador asegura no recibir «traslado previo ni posterior», en tiempo y forma, como interesados en la causa. Hecho que tampoco se cumple en el caso de la Fundación que defiende el legado y obras de Franco, desde donde lamentan enterarse de las decisiones y avances del procedimiento vigente por «filtraciones en medios afines al Gobierno».

Los Franco insisten en el «interés partidista» de la instructora del expediente de exhumación y en las filtraciones a «medios afines»

Por ello, esta última se ha dirigido nuevamente a la instructora Latorre para solicitarle que se «suspenda el plazo concedido para ‘alegaciones finales’ en tanto en cuanto no se resuelva su recusación» y advirtiéndole que, de no hacerlo, podría incurrir en la exigencia de «responsabilidades disciplinarias».

Insisten en que «dado su manifiesto interés partidista» en llevar a cabo la exhumación, prometida por Sánchez tras su llegada a Moncloa, no puede garantizarse «la independencia resolutoria sin que venga orientada por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones, e incluso por prejuicios, o lo que es igual,  por motivos ajenos a la aplicación de la norma», añaden.

Lo que retrasaría, una vez más, los plazos para el Gobierno socialista al que el Tribunal Supremo ha permitido continuar con los trámites en curso previa advertencia de que debe respetarse escrupulosamente la presentación y estudio de las alegaciones -a que tienen derecho la familia e interesados- en un procedimiento que no puede tramitarse como ‘caso único’.

Prevaricación contra Patrimonio

La familia Franco ha ampliado la denuncia presentada el pasado mes de diciembre contra la subsecretaria de Justicia e instructora del procedimiento de exhumación, Cristina Latorre; el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo; y contra el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, tras detectar entre los documentos del expediente la firma de un funcionario del Museo Nacional del Prado que se hizo pasar por Director de Inmuebles y Medio Natural.

En el nuevo escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 3, pretende ampliar datos que podrían contextualizar los hechos ya denunciados en relación a la tramitación del expediente de exhumación, tras comunicarse la designación de Víctor Cageao como director de Inmuebles y Medio Natural por parte de Patrimonio Nacional.

Los nietos de Franco solicitan que se cite a la subdirectora general de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Cultura, Antonia González Cano, por ser la persona que firmó la resolución, del 15 de octubre, que reingresaba a Cageao en el servicio activo, «todo ello con aparente ausencia de competencias para tal acto administrativo».

La familia del dictador insiste en las irregularidades del nombramiento del alto cargo que firmó la exhumación

Tal resolución, para los nietos de Franco, «podría calificarse de manifiestamente arbitraria, caprichosa y dictada, supuestamente, para satisfacer esa voluntad caprichosa al margen de la legalidad».

A su entender, el Ministerio de Cultura no tiene facultades para tomar dicha decisión sobre un funcionario que se encuentra en servicios especiales como lo estaba Cageao, quien por entonces todavía era coordinador del Museo del Prado.

La ampliación de la denuncia insiste, además, en que la legitimación para solicitar la exhumación de un cuerpo embalsamado corresponde «exclusivamente a los familiares» y señala que, tras la negativa de la familia, el Gobierno publicó un real decreto «ad hoc» con el único objetivo de «imponer su voluntad caprichosa».

También argumentan que la basílica del Valle de los Caídos es «inviolable» y que, además, está en un estado de «grave deterioro», de manera que cualquier actuación que requiera introducir maquinaria muy pesada -que sería necesaria para levantar la losa de 1.500 kilos- puede producir «graves daños en su estructura».