Granados afronta este martes su primer juicio en la Audiencia Nacional

El ex consejero madrileño y ex dirigente regional del PP Francisco Granados se sentará mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por el primer juicio a la trama Púnica, en el que la Fiscalía pide para él tres años de cárcel por el chivatazo de la operación policial que le llevó a prisión.

Le acusa el fiscal de un delito de revelación de secretos junto con el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, responsable de dar el soplo, y su amigo José Manuel Caro, guardia civil en excedencia y ex asesor de la Comunidad de Madrid, para los que pide la misma pena.

El chivatazo tuvo lugar en septiembre de 2014 cuando Talamino, que formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, alertó a Granados de la instalación de una cámara frente al edificio donde el presunto ‘conseguidor’ de la Púnica, David Marjaliza, «dirigía sus corruptos negocios», en la localidad madrileña de Pinto.

Lo hizo, según explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, «a sabiendas de que [la información] estaba sometida a absoluta reserva […] quebrantando reiteradamente el deber de sigilo» y para «hacer un favor» a Granados y a su amigo Caro, que entonces desempeñaba cargos de confianza en la Comunidad «promocionado» por el ex consejero.

Tras el soplo, Granados adoptó «medidas encaminadas a poner a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito» y escondió el dinero en efectivo no declarado en casas de amigos y familiares, entre ellos sus suegros, de los que se valió para ocultar un millón de euros en el altillo de una habitación.

Aprovechó también para alertar a Marjaliza de que ambos estaban siendo investigados y éste destruyó toda la documentación incriminatoria que acumulaba en sus empresas, escondió dinero en efectivo «con el que retribuía a alcaldes» y ocultó documentos que demostraban la existencia de fondos en el extranjero.

«Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar», llegó a decir Marjaliza ante el juez en una confesión que se alargó 13 horas y que motivó su salida de la cárcel año y medio antes que su ex socio.

Precisamente, el señalamiento de este juicio fue uno de los motivos que esgrimió el anterior juez instructor de la Púnica, Eloy Velasco, para decretar su libertad el pasado 14 de junio después de pasar dos años y medio en la cárcel, al argumentar que así podría acudir «en otras condiciones» a la vista y preparar mejor su defensa.

Será la sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Concepción Espejel —que fue apartada del juicio de Gürtel por su aparente afinidad ideológica al PP—, la que juzgue este martes a Granados.

Aparte de la petición de cárcel de la Fiscalía, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce de acusación popular, solicita seis años de prisión para él.