España

Francisco Camps procesado por los contratos de la Generalitat con Gürtel en Fitur 2009

El juzgado central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional ha dictado un auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps como presunto autor de los delitos de prevaricación y fraude a la administración por contratos relacionados con la instalación del pabellón de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009.

Se trata de una pieza separada del denominado caso Gürtel, en este caso por la adjudicación irregular a la empresa Orange Market del contrato para la instalación del pabellón de grandes eventos de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en 2009 en Madrid, así como otros contratos a esa misma empresa.

En el auto del juez De la Mata, con fecha 3 de junio, se requiere al ministerio fiscal y a las partes acusadoras para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral con la formulación del correspondiente escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente, y según establece la Ley de Enjuiciamiento criminal, el ministerio fiscal también podrá solicitar la práctica de diligencias complementarias para poder fundamentar su acusación.

En los antecedentes procesales, la resolución judicial indica que la instrucción de esta causa ha tenido por objeto determinar si otras autoridades jerárquicas de la directora general de Promoción Institucional, Salvadora Ibars Sancho, quien declaró durante el juicio oral de las piezas separadas 1, 2 y 6 de caso Gürtel, celebrado entre enero y mayo de 2018 en la Audiencia Nacional, participaron en la toma de decisión de contratar de forma directa y eludiendo los controles legales con la empresa Orange Market.

Los contratos a que hace referencia esta causa son la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat, adjudicada por 88.975 euros (de los que se llegaron a pagar 58.580 euros) y el montaje del pabellón de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009.

La resolución indica que, tras la correspondiente investigación, ha quedado acreditado que Ibars Sancho pudo recibir «indicaciones para adjudicar la contratación del stand de Grandes eventos de Fitur 2009 en los términos en que se hizo».

Aunque no existen documentos que acrediten fehacientemente que Camps diera instrucciones, el auto asegura que eso «no significa que no haya quedado acreditado, a efectos procesales, que Camps no proporcionara tales instrucciones directas e interviniera en el direccionamiento de ese contrato a favor de Orange Market».

El auto considera acreditado que Camps y Álvaro Pérez «el bigotes» tenían una «relación de amistad muy estrecha», que constan múltiples evidencias de que ambos alcanzaron «compromisos mutuos» (con el montaje de actos del PP con la empresa del grupo Correa en Valencia -Orange Market) y que la corriente de servicios entre el PP y Orange Market «generó una deuda muy voluminosa, que llegó a elevarse a unos 800.000 euros, que estaba impagada».

Existen también evidencias de que el PP utilizó diversas estrategias para gestionar esta deuda, todas de forma ilícita, como pagos en metálico proveniente de donaciones legales de empresarios y la emisión de facturas falsas de Orange Market a esos empresarios.

Se indica también que, de forma previa a la adjudicación irregular del contrato de Fitur 2009, Álvaro Pérez «conversó con Camps para asegurarse que la adjudicación le sería asignada», confirmándole el expresidente «que no se preocupara y que siguiera trabajando».

La conclusión, según especifica el auto, «es que no estamos ante una declaración aislada e inconexa (…), sino que estamos ante un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permiten afirmar que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, participó en el direccionamiento del contrato de grandes eventos de Fitur 2009 a favor de Orange Market como parte del más amplio contrato Fitur 2009».

«Y lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana tenía con Orange Market, y con su colaboración al aceptar (la empresa) las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizaba para ir cancelando la indicada deuda».