La Fiscalía tumba el recurso de Podemos: ve «razonable» investigar más contratos con Neurona
La Fiscalía ve «razonable» investigar «todos los contratos» suscritos entre Podemos y la empresa Neurona, de modo que apoya que el juez que investiga al partido pida información a la Junta Electoral Provincial de Madrid sobre las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019.
«El hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación», dice la Fiscalía de Madrid en el escrito donde impugna un recurso de Podemos y respalda a su vez la decisión del juez Juan José Escalonilla de pedir una serie de datos al árbitro electoral.
El magistrado se dirigió el 4 de noviembre de 2020 a la Junta Electoral Provincial de Madrid para que le informase sobre «la identidad del administrador electoral» de Unidas Podemos-Izquierda Unida en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, y las cuentas electorales que designaron para recaudar fondos.
Algo que apoya la Fiscalía, según informa en un comunicado, porque «si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos entre Neurona y la formación Unidas Podemos».
«Determinar la realidad del contrato»
El Ministerio Público recuerda que el «principal objeto» del procedimiento donde está imputado Podemos es «determinar la realidad o no del contrato» suscrito para las elecciones generales del 28A y que podría ser constitutivo de delito electoral.
Añade que el resultado de esta investigación «puede ser incluso en interés» para Podemos dado que podrían extraerse conclusiones en su beneficio, respecto a «la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados», y no ve impedimento para ordenar esa diligencia en el hecho de que las cuentas de las elecciones autonómicas ya fuesen auditadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
El de Podemos no ha sido el único recurso impugnado por la Fiscalía, que ha hecho lo mismo con los presentados por la acusación Prolege y Vox, en su caso contra el auto en el que el juez cerraba la investigación por las obras de la actual sede del partido en Madrid y la circunscribía únicamente al contrato con Neurona.
«Ningún elemento existe que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente», asegura la Fiscalía, que no ve «ningún indicio» de un delito de administración desleal y considera que los testigos han dado «cumplida explicación» sobre los detalles de las obras, entre ellos el arquitecto, que «declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras».
Podemos también recurrió esta resolución, pero porque estimaba que el sobreseimiento (archivo) debería ser libre (con carácter definitivo), y no provisional.
La Fiscalía sí que se adhiere en esta ocasión al recurso del partido y recuerda que «la cuestión relativa a la licitación queda fuera» del ámbito penal, aunque admite que las declaraciones de los testigos generaron «dudas» sobre cómo tuvo lugar el procedimiento y que algún contratista dijo que «ni siquiera se presentó a la licitación».
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