La Fiscalía socorre a Podemos: se opone a pedir los contratos de Neurona porque «es indiferente»

La Fiscalía ejerce de nuevo el papel de abogada defensora de Podemos en el caso Neurona, el procedimiento que investiga el desvío de 363.000 euros de fondos públicos a la consultora mexicana que da nombre a esta causa. En un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, la fiscal Lorena Álvarez se opone a rastrear los contratos de los trabajadores de Neurona Consulting que supuestamente prestaron sus servicios durante la campaña electoral de abril de 2019 porque, según argumenta, «es indiferente» para la investigación.

Para la Fiscalía Provincial de Madrid, el tipo de relación de los trabajadores con la mercantil «es indiferente» por cuanto «la filial en España no contrató a los trabajadores sino que se limitó a cuestiones fiscales» y rechaza, además, que la consultora mexicana remita los permisos o visados de trabajo de estos empleados. Así, la representación del Ministerio Público en este procedimiento se alinea a la voluntad de Podemos, que se opone frontalmente a que se practiquen estas diligencias encaminadas a esclarecer «la veracidad de que existen o no trabajadores de Neurona que desarrollaron labor profesional en las elecciones generales del 28 de abril de 2019». Estas diligencias fueron solicitadas por la acusación popular Prolege, cuya dirección letrada la ejerce la abogada Carolina Mata. 

De hecho, la acusación popular solicitó ante el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid que se requiriesen a la consultora mexicana los contratos laborales o mercantiles que acrediten la relación de los empleados con los servicios prestados en la campaña electoral de 2019 y, en concreto, los contratos de Waldemar Aguado Butanda, Franco Bertozzi y Alejandro Neyra Pinzón. Todo ello con la finalidad de verificar no sólo la relación laboral o mercantil, sino también «el objeto de las prestaciones contratadas, duración de los contratos y sobre todo el coste de los empleados».

La acusación pidió, además, ante la sospecha de que «todo es ficticio» porque «no existe ninguna prueba objetiva de que realmente existan trabajadores de Neurona», los permisos de residencia o trabajo o los visados de los empleados, así como que Neurona Comunidad SA remitiera documentación acreditativa de que es una filial de Neurona Consulting SA.

A todo ello se opone la Fiscalía, que basa su postura en las declaraciones de los propios trabajadores de Podemos, de las que, señala, se desprende que «Neurona había desplazado a trabajadores a España para la prestación del servicio». En su alegato en contra de requerir los contratos, la fiscal se apoya además en los metadatos de los archivos que figuran en la causa, en una serie de fotografías aportadas por el partido morado y en un informe sobre hospedaje y desplazamiento basado en información proporcionada, de nuevo, por la propia formación política, que entonces lideraba Pablo Iglesias.

En base a ello, la Fiscalía concluye que «se desconoce la virtualidad que puede tener para el procedimiento el incorporar los contratos que además claramente eran de la mercantil mexicana y no de su filial española».

La Fiscalía se opuso a la prórroga

Esta no es la primera vez que la Fiscalía Provincial sale al rescate de Podemos. Al tiempo que se oponía a la práctica de las diligencias solicitadas por la acusación popular Prolege, la representación del Ministerio Público en este procedimiento se posicionaba también en contra de ampliar la instrucción seis meses más.

No obstante, pese al criterio de la Fiscalía, el juez Juan José Escalonilla acordó el pasado 27 de enero prorrogar esta investigación que mantiene imputado al partido morado, a la espera de ejecutarse varias periciales que podrían esclarecer si Podemos desvió fondos públicos de la campaña electoral de 2019 a asuntos ajenos a tal fin.