La Fiscalía rechaza liberar a Forn y Cuixart y actuará contra los fugados cuando sean procesados

La Fiscalía mantiene su petición de prisión provisional para el exconseller de Interior, Joaquim Forn y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. Forn permanece encarcelado en la prisión de Estremera desde Noviembre y Cuixart en Soto del Real desde octubre.

En un escrito remitido este lunes por el Ministerio Público al Tribunal Supremo que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fiscalía se refiere a las peticiones de libertad solicitadas por las defensas de Forn y Cuixart y asegura haber «informado negativamente tal concesión, entendiendo que procede mantener la situación de prisión provisional de los solicitantes, sin perjuicio de que conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad durante el procedimiento que garantiza el art. 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».

«Se considere», añade el Ministerio Fiscal, «la revisión periódica de la medida cautelar adoptada, para valorar si persisten los indicios racionales de que los imputados cometieran los hechos delictivos y los motivos suficientes que justificaron la adopción de la medida de prisión provisional, si las circunstancias así lo aconsejaren».

El Ministerio Público también aprovecha para referirse en el mismo escrito sobre la situación procesal de los fugados de la Justicia por esta causa. «En lo referente a la situación de los investigados que se encuentran fuera del territorio nacional, D. Antoni Comín Oliveres, Da. Anna Gabriel Sabaté, Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi, D. Carles Puigdemont Casamajó y Da. Meritxell Serret Aleu, el Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa» concluye.

El rechazo de la libertad provisional de Sànchez lo fundamentaba la Fiscalía “en la gravedad del delito de rebelión/sedición por el que se sigue la causa y del que se han acopiado nuevas e importantes evidencias sobre la concurrencia de violencia y de otros elementos del tipo penal, directamente imputables al solicitante, así como en la apreciación de un extraordinario riesgo de reiteración delictiva”.