España

La Fiscalía rechaza liberar a Forn y Cuixart y actuará contra los fugados cuando sean procesados

La Fiscalía mantiene su petición de prisión provisional para el exconseller de Interior, Joaquim Forn y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. Forn permanece encarcelado en la prisión de Estremera desde Noviembre y Cuixart en Soto del Real desde octubre.

En un escrito remitido este lunes por el Ministerio Público al Tribunal Supremo que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fiscalía se refiere a las peticiones de libertad solicitadas por las defensas de Forn y Cuixart y asegura haber «informado negativamente tal concesión, entendiendo que procede mantener la situación de prisión provisional de los solicitantes, sin perjuicio de que conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad durante el procedimiento que garantiza el art. 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».

«Se considere», añade el Ministerio Fiscal, «la revisión periódica de la medida cautelar adoptada, para valorar si persisten los indicios racionales de que los imputados cometieran los hechos delictivos y los motivos suficientes que justificaron la adopción de la medida de prisión provisional, si las circunstancias así lo aconsejaren».

El Ministerio Público también aprovecha para referirse en el mismo escrito sobre la situación procesal de los fugados de la Justicia por esta causa. «En lo referente a la situación de los investigados que se encuentran fuera del territorio nacional, D. Antoni Comín Oliveres, Da. Anna Gabriel Sabaté, Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi, D. Carles Puigdemont Casamajó y Da. Meritxell Serret Aleu, el Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa» concluye.

El exconseller Puig junto a Puigdemont y el resto de fugitivos en Bruselas

El pasado viernes, la Fiscalía mantenía su petición de prisión incondicional para el expresidente de ANC, Jordi Sànchez y se oponía a otorgarle un permiso para que pueda acudir a la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña. Decisión que fue compartida por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

El Ministerio Público consideraba que existe riesgo de reiteración delictiva, dado que el acuerdo programático electoral de JxCAT y ERC supone una posible continuación de la rebelión. Añadái que “las movilizaciones sociales contra las legítimas decisiones adoptadas al amparo de la legalidad vigente son constantes y el compromiso con la legalidad constitucional no es claro y diáfano”.

El rechazo de la libertad provisional de Sànchez lo fundamentaba la Fiscalía “en la gravedad del delito de rebelión/sedición por el que se sigue la causa y del que se han acopiado nuevas e importantes evidencias sobre la concurrencia de violencia y de otros elementos del tipo penal, directamente imputables al solicitante, así como en la apreciación de un extraordinario riesgo de reiteración delictiva”.