La Fiscalía quiere reforzar la protección a los denunciantes de corrupción

La Fiscalía General del Estado ha propuesto reformar la legislación en lo relativo a los denunciantes de delitos de corrupción para que éstos obtengan mayor protección ante posibles represalias por su colaboración con la justicia.

Esta es una de las medidas que considera necesaria la fiscal general del Estado, María José Segarra, según aparece en la memoria anual del Ministerio Público respectiva al año 2017, que ha sido presentada este lunes con motivo de la apertura del año judicial.

«España no debería demorar más una regulación adecuada de protección
del denunciante», afirma el documento, que apuesta por una aproximación a países como Gran Bretaña o Estados Unidos en donde existe una oficina de protección al denunciante de delitos económicos o financieros.

Temor a represalias

Según el Ministerio Público, quiénes han tenido conocimiento de un delito de corrupción, aunque no haya participado en él, no suele denunciarlo. Tampoco lo hace quien ha recibido un soborno «bien por desconfianza en la justicia» o por «la inexistencia de una regulación protectora específica» que hace «muy difícil confiar en una denuncia» por temor a sufrir algún tipo de represalia.

Esta propuesta de reformar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales -que también lanzó la ministra de Justicia, Dolores Delgado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio-, se hace en el marco de varias recomendaciones de Naciones Unidas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de Transparencia Internacional.

Destaca que La Comisión Europea, en un informe de 3 de febrero de 2014, recuerda que «España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes y las reformas legislativas previstas no llegan aún a establecer mecanismos de protección eficaces». «No podemos estar más de acuerdo a la vista de la muy insuficiente» normativa, concluye la memoria.