La Fiscalía intenta doblegar a la juez del 8-M: recurre la «indefensión» de Franco ante la Audiencia

No cesa el acoso de la Fiscalía a la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir la manifestación del 8-M ante el riesgo del coronavirus. El Ministerio Público ha recurrido ante la Audiencia Provincial todas las providencias dictadas por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel al considerar que provocó la «indefensión» de Franco por avanzar en la causa sin admitir recursos.

La Fiscalía, bajo las órdenes de la ex ministra y ex diputada del PSOE Dolores Delgado -algo que no sucedía en España desde hace 30 años- ha presentado este recurso de apelación ante la instancia superior después de que la titular del juzgado de instrucción número 51 rechazase anular varias de sus decisiones previas, como le pidieron tanto la Abogacía del Estado como los fiscales.

El planteamiento del Ministerio Público es que la jueza dictó varias providencias (el recurso afecta a 3, las del 21 de abril y 21 y 25 de mayo) en las que avanzaba en la causa al tiempo que recordaba a las partes que los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma, de modo que, aunque se les notificase, esos plazos no correrían.

Y que la Fiscalía no tuvo acceso a la causa completa hasta el 26 de mayo, cuando a día de hoy el sumario ya acumula más de 3.000 folios.

Todo ello, opinan los fiscales, ha generado una situación de «vulneración de la tutela judicial efectiva» e «indefensión» al delegado del Gobierno pues la causa se está instruyendo sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados, y sin que la actividad de la jueza pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción.

La juez Rodríguez-Medel no ha cedido estas semanas a la presión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que solicitaron el archivo del caso. Sin embargo, la magistrada rechazó dar cerrojazo a la causa. Así, no sólo negó la indefensión de Franco, sino que además dejó por escrito las «dificultades» con las que se encontraron los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil al frente de la investigación .

Desde el 2 de marzo

El secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, y mano derecha de Franco, confesó ayer a la juez del 8-M que informó personalmente al delegado del Gobierno de la comunicación remitida el2 de marzo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el que se aconsejaba a los trabajadores del organismo mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.

Según explican los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el segundo atestado aportado a la causa, el documento elaborado por el Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, que declara este jueves en calidad de testigo, recogía el protocolo «con recomendaciones concretas relacionadas con el COVID-19«. Fue revisado por la directora de Sanidad del organismo el 28 de febrero y se distribuyó de manera masiva tres días después.

«No me considero responsable»

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que acudió a declarar este miércoles en calidad de imputado, se escudó en que «no había ningún elemento, en aquel momento, que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental», en referencia a la manifestación feminista del 8-M.

Además, en sede judicial señaló que «no tenía informes ni notificación que advirtiera parar las concentraciones». Un extremo que su mano derecha ha desmentido.