La fiscal europea se niega a cerrar el caso del hermano de Ayuso pese a que Anticorrupción no ve delito

Han pasado más de tres meses desde que la Fiscalía Anticorrupción archivó, porque no existen indicios delictivos, la investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la fiscal elegida por Pedro Sánchez para representar a España en Europa, Concha Sabadell, mantiene abierta la causa a pesar de que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya le ha advertido que sus diligencias son «prospectivas» y que carecen de un «mínimo acervo incriminatorio».

Sabadell es la fiscal del caso Gürtel que consideró «abrumadoramente acreditada» la existencia de la caja B del PP y ahora ha iniciado una cruzada contra Isabel Díaz Ayuso. La fiscal europea tiene todas las pruebas necesarias –interrogatorios y oficios librados por la Agencia Tributaria así como por la Policía Judicial– practicadas por Anticorrupción para concluir que no existe delito alguno. Sin embargo, esta representante del Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias contra el hermano de Ayuso por un supuesto delito de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, aunque no tenga «el mínimo acervo incriminatorio» como ya le indicó el fiscal jefe de Anticorrupción.

Luzón archivó la causa en un decreto en el que señaló que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en ese proceso de adquisición de mascarillas y en el que destacó que Ayuso «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid». Archivó, por tanto, la investigación en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad.

Acusación insostenible

Sin embargo, la fiscal Sabadell comunicó al fiscal jefe de Anticorrupción que investigaría al hermano de Ayuso por el supuesto delito de malversación porque el contrato para el suministro de mascarillas FPP2-3 «fue financiado íntegramente con fondos Feder europeos» y eso «ha ocasionado un perjuicio al patrimonio de la Unión Europea que ascendería a 1.512.500 euros». En un oficio con fecha de 10 de marzo, Luzón respondió que esa acusación resultaba insostenible porque la cantidad subrayada por Europa es «el precio total pagado por la compra de mascarillas» que, además, es «similar a otras decenas de adquisiciones de este material por la Comunidad de Madrid en esas fechas».

Luzón añadió que había analizado toda la documentación aportada sobre «las características técnicas, factura, certificado de conformidad, documento ADOK aprobado, memoria justificativa para la adquisición por razones de urgencia, forma de pago y, sobre todo, albaranes de entrega» y no se han apreciado indicios de malversación o fraude que son los delitos para los que tiene competencia Europa.

Pese a todo el razonamiento jurídico, que fue avalado posteriormente por la Junta de Fiscales de Sala y hasta por Dolores Delgado, que en aquel momento era fiscal general del Estado, la fiscal Sabadell continuó con su objetivo: investigar al hermano de Ayuso en Europa. Por ello, el fiscal jefe Anticorrupción reprendió el empeño de Sabadell en una investigación que carece de base jurídica. «No es posible proponer siquiera la investigación de unos hechos que no revisten caracteres de delito, no sólo por carecer de un mínimo acervo incriminatorio de soporte, sino porque el bagaje indiciario existente apunta con claridad a que no ha existido desviación de subvención alguna ni apropiación de caudales públicos ni, en consecuencia, daño a los intereses financieros de la Unión Europea».

Pero Sabadell no se ha conformado con abrir una causa al hermano de Ayuso pese a que Anticorrupción le dijera que no tiene competencias para investigar porque no había indicios de malversación ni fraude, sino que tres meses después de que España determinase que no existen indicios delictivos para continuar las pesquisas, Sabadell mantiene abierta la investigación y ya ha interrogado a varios investigados, entre ellos, según ha podido saber OKDIARIO, Daniel Alcázar, propietario de la empresa Priviet Sportive, al que la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato por 1,5 millones de euros para el suministro de mascarillas en abril de 2020. Una adjudicación que Anticorrupción ya ha determinado que fue correcta.