Los ex consellers fugados presionan a Puigdemont para no tener que renunciar a sus actas

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 13/01/2018 19:38
  • Actualizado: 19/01/2018 19:58

Carles Puigdemont suma un nuevo desencuentro. Algunos de los exconsellers que permanecen fugados con él en Bruselas son reticentes a entregar sus actas y renunciar por tanto a su condición de diputado.

De los cuatro huidos-aparte del expresident- los únicos que aún no disponen del acta son la exconsellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, y el de Cultura, Lluís Puig. En fuentes de Junts per Catalunya se había aclarado que el hecho de que no hubiesen formalizado aún su condición-que puede hacerse mediante un intermediario y por escrito-no significaba que no estuviesen dispuestos a renunciar al acta. Sin embargo, según fuentes parlamentarias, ambos se resisten. No serían los únicos. De ahí que el equipo de Puigdemont trate de apurar hasta el último momento la aritmética, para evitar más fisuras.

La coordinadora de la campaña, Elsa Artadi, ya admitió este viernes, en rueda de prensa tras la reunión de Puigdemont con parte de sus diputados electos, en Bruselas, que la intención es mantener las listas tal y como fueran votadas. Porque, en su opinión, «sería una aberración que no se les pudiera permitir ejercer su derecho político».

El bloque independentista- Junts per Catalunya, ERC y CUP-suma 70 diputados, frente a los 57 de Ciudadanos, PSC y PPC. Los ‘comunes’ tienen ocho.

Según la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ni Oriol Junqueras ni Joaquim Forn ni Jordi Sánchez- los tres diputados electos en prisión- podrán asistir a las votaciones en el Parlament. Llarena, sin embargo, sí que solicita a la Mesa-previsiblemente, de mayoría independentista-que establezca alguna fórmula para que puedan delegar el voto.

Esa circunstancia permitiría al bloque independentista asegurar 65 votos en la sesión de constitución del Parlament, el próximo miércoles. De forma que empataría con el resto de grupos, incluidos los ‘comunes’. No obstante, la elección de un presidente del Parlamento de signo independentista estaría asegurada, porque estos ya han avanzado que no votarán al candidato propuesto por Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra. De esta forma, y con su abstención, el empate se rompe en favor del independentismo.

En la sesión de investidura, la aritmética vuelve a estar ajustada. En segunda votación, el candidato independentista necesitaría más ‘sies’ que ‘noes’. Si no se producen renuncias, tendría esos 65. Frente a los 57 del bloque constitucionalista. De nuevo, los ‘comunes’ tendrían que decantar la balanza. Con una abstención sería suficiente para el bloque secesionista. Sin embargo, el candidato de esa formación, Xavier Domènech, ya descartó esa posibilidad.

De esta forma, se hace necesaria alguna renuncia para poder asegurar la mayoría, haciendo que la lista corra en favor de algún diputado que sí pueda estar presente en la Cámara el día de la votación. Solo los exconsellers pueden renunciar al acta, ya que es requisito que el president sea diputado.

La renuncia al acta para hacer correr las listas genera, sin embargo, ciertas dudas entre los juristas. 

El Reglamento del Parlament sí facilita que los diputados recojan el acta a distancia, como así se recoge en el artículo 23, en el que únicamente se pone como requisitos “presentar al Registro General del Parlamento la credencial expedida por el órgano correspondiente de la Administración electoral”, “prometer o jurar respetar la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña” y “presentar las declaraciones de actividades y de bienes”.

Sin embargo, la maniobra de renunciar al acta, sin haber pisado el Parlament en su sesión constitutiva-el próximo 17 de enero- y de forma masiva, choca, supondría, según ciertos medios de la oposición, una irregularidad jurídica.

Lo mismo ocurriría en el caso de que los diputados pretendan hacer correr las listas sin ni siquiera recoger su acta. Varios juristas recuerdan, en este sentido, que las actas pertenecen al parlamentario, según doctrina del propio Tribunal Constitucional.