Un ex consejero andaluz procesado en los ERE: «Es insólito un complot de cientos de personas 12 años»

El que fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2005 y abril de 2009, Francisco Vallejo, ha manifestado en el juicio por el procedimiento específico para las ayudas de los expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos —caso ERE—, que resulta «insólita e increíble» la tesis de que «cientos de personas de distintos ámbitos» cooperasen «durante 12 años» para sostener adrede un «sistema» ilegal de subvenciones arbitrarias o irregulares.

Así lo ha manifestado este miércoles el ex consejero ante las preguntas de su abogada defensora acerca de las acusaciones que pesan sobre los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados por la pieza de la macrocausa de los ERE correspondiente al procedimiento administrativo seguido para la tramitación y pago de las subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas, que según la investigación no habrían contado supuestamente con la debida fiscalización y publicidad.

En ese contexto, ha aseverado que nunca recibió «la más mínima referencia» acerca de cualquier «problema de legalidad» relacionado con el convenio marco suscrito en 2001 entre la Consejería de Empleo y el entonces IFA, para que este último actuase como pagador de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por reestructuraciones laborales.

Vallejo, ante las preguntas de su abogada defensora, ha explicado que cuando comenzó a dirigir la recién creada Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a la que había sido adherido el IFA/IDEA tras ser desgajado dicho ente público de la Consejería de Empleo, dio «por supuesto» que dicho convenio de 2001 «era correcto y legal».

Tal extremo le ha llevado a precisar, respecto a las ayudas sociolaborales, que toda la tramitación correspondiente a las mismas estaba residenciada en la Consejería de Empleo —por aquella época comandada por Antonio Fernández, también acusado en este juicio—, y el IFA/IDEA se limitaba simplemente a «pagar» las subvenciones.

Así, ha insistido especialmente en la idea de que la Consejería de Empleo «dominaba todo el procedimiento» de tramitación y concesión como tal de las subvenciones y el IFA/IDEA «sólo materializaba el pago», sin contar con «ninguna capacidad de decisión» sobre las ayudas.

El papel del IFA

Precisamente por ello, ha abundado que en el consejo rector de la agencia IDEA, del que él mismo formaba parte, nunca hubo «ningún debate» sobre estas subvenciones, pues dicho ente público se limitaba a «materializar el pago» de estas ayudas promovidas desde la Consejería de Empleo, más en concreto desde la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por entonces encabezada por Francisco Javier Guerrero, acusado también en este juicio.

Al respecto, ha asegurado que como consejero no tenía «conocimiento» de los expedientes relativos a dichas subvenciones, argumentando que al tratarse de un procedimiento de la administración pública, en este caso de la Consejería de Empleo, confiaba en que el proceso era «escrupuloso» porque «no era planteable» algo ajeno a las normativas y leyes.

Dado el caso, ha sostenido que «en absoluto imaginaba» que tales subvenciones pudiesen carecer de la fiscalización de la Intervención delegada de la Consejería de Empleo, manifestando desconocer los motivos de dicha falta de fiscalización en el seno de la Consejería de Empleo.

En cualquier caso, Vallejo ha defendido que «ninguno de los controles del IFA, que eran muchos», avisaron nunca de algún tipo de «»irregularidad» en el pago de las mencionadas subvenciones, toda vez que el consejo rector de dicho ente público incluía no sólo «»profesionales independientes de reconocido prestigio», sino además al propio secretario general de IFA/IDEA, quien tenía la «responsabilidad de velar por la legalidad» de la actividad de la entidad.

El informe de la Intervención General

En cuanto al informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003 emitido en 2005 por la Intervención General de la Junta, contrario al procedimiento estipulado para la concesión de las mencionadas subvenciones, Vallejo ha recordado que en 2003, el IFA estaba adscrito a la Consejería de Innovación y Desarrollo Tecnológico, entonces en manos de José Antonio Viera, también acusado en el juicio.

Es más, incluso ha asegurado que nadie le hizo nunca ningún «comentario» de dicho informe, sobre todo porque el mismo aludía a un periodo en el que la consejería que él dirigía aún no había sido creada como tal.

En ese sentido, ha negado que alguna vez recibiese algún tipo de aviso o documento que indujese a suspender desde el IFA/IDEA el pago de las subvenciones promovidas desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, precisando que el mencionado informe de la Intervención General de la Junta no contenía «ningún reproche» al IFA.

Durante su etapa como consejero de Innovación, según Vallejo, el consejo rector del IFA/IDEA aprobó un total de 18 acuerdos autorizando al director general del ente público a firmar convenios con la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales, algo contenido en los propios «estatutos» del IFA y que jamás pensó que pudiera incurrir en ninguna «ilegalidad».

Y es que durante su gestión, según el exconsejero, el IFA/IDEA nunca fue objeto de «reproche» por parte de la Intervención delegada de la Consejería de Innovación, el gabinete jurídico o la Cámara de Cuentas, entre otras instancias.