Europa avala las sanciones de Marchena a los testigos de la CUP que se negaron a declarar

La legislación de todos los países de la Unión Europea prevé consecuencias legales para los testigos que se nieguen a declarar en sede judicial. La mayoría, establece medidas coercitivas, multas e incluso penas de prisión.

Esta semana, los ex diputados de la CUP, Eulàlia Reguant y Antonio Baños, citados como testigos el pasado miércoles por el Supremo en el juicio del ‘procés, se negaron a contestar a la acusación popular de VOX. Como consecuencia, el presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, suspendió sus declaraciones e imponía a Baños y Reguant sendas sanciones de multa de 2.500 euros.

Además, la Sala de lo Penal habilitó un plazo de cinco días para que presenten alegaciones motivando su negativa. A diferencia de los acusados, los testigos no pueden negarse a responder a las acusaciones.

La ley belga, por ejemplo, sostiene que «un testigo que haya sido citado debe comparecer. Si no lo hace, el tribunal, a petición de una parte, puede hacer que sea citado mediante agente judicial» (artículo 925 del Código Procesal). Y prevé que «un testigo que haya sido citado y no comparezca podrá ser sancionado con una multa conforme a la legislación penal» (artículo 926 del Código Procesal).

En Alemania, si un testigo que ha sido convenientemente citado no asiste, el tribunal le impondrá también una sanción administrativa. La multa puede llegar a los 1.000 euros, e incluso se contempla pena de prisión de un día a seis semanas. Los testigos también deben pagar los costes ocasionados por la falta de asistencia.

Las medidas no se aplicarán, precisa la legislación alemana, si el testigo ofrece una explicación adecuada de su ausencia, en el tiempo que se determine.

Si un testigo se niega a declarar se pueden tomar idénticas medidas. Y si rechaza hacerlo por segunda vez puede ser detenido y obligado a comparecer.

En Francia, los testigos que no se presenten y los que, sin motivo legítimo, se nieguen a declarar o a prestar juramento podrán ser condenados a una multa civil de hasta 3 000 euros. El falso testimonio puede ser castigado con medidas penales.