Un estudio sueco ve en riesgo la libertad de prensa en España tras los abusos del Gobierno

Peligro de «infección democrática». Un informe del instituto sueco V-Dem sitúa a España entre los 34 países del mundo con riesgo intermedio de experimentar un retroceso en la calidad de sus estándares democráticos tras la pandemia del COVID-19. Del total de 142 países sobre los que se realizó el muestreo, el nuestro incluye «algunas violaciones» de las normas que garantizan la supervivencia de la democracia durante situaciones excepcionales, como la actual crisis sanitaria del coronavirus. Entre ellas, la limitación «significativa de la libertad de los medios de comunicación porque no son necesarios para combatir» el virus.

«Incluso durante una emergencia, los controles y contrapesos» al ejercicio del poder «son fundamentales para salvaguardar la democracia», advierten los autores del estudio. «Para que la democracia funcione, deben preservarse una serie de instituciones y libertades» básicas, «si alguna de ellas se compromete, la democracia está en peligro», añaden.

Además del grado de libertad de prensa, la precisión de las leyes formuladas durante el período de crisis o el nivel de «abuso» de los decretos por parte de los gobernantes, los investigadores han tomado como referencia hasta 9 indicadores del Índice de Libertad Democrática, para valorar las respuestas de los diferentes Gobiernos, entre ellos el español, al COVID-19. Si alguna de las medidas adoptadas por dichos Ejecutivos implica una cierta «violación de las normas para situaciones de emergencia», todo el país queda clasificado como «naranja»: riesgo medio de disminución democrática. Es el caso de España.

«Es fundamental que el poder legislativo y los tribunales continúen su labor en representación de los intereses de los ciudadanos» durante la pandemia

«Consideramos un país de riesgo medio» de pérdida democrática «si no existe una cláusula de extinción» de la situación de emergencia, o si «el poder legislativo» o las autonomías «no pueden obligar al ejecutivo a renunciar» a sus competencias ampliadas, subrayan Anna Lührmann, Amanda B. Edgell y Seraphine F. Maerz.

Para preservar la democracia durante una crisis, las respuestas gubernamentales empleadas en la lucha contra la pandemia deben ser siempre «proporcionadas, necesarias y no discriminatorias» para los ciudadanos, afirma el documento de V-Dem. Si bien las medidas de emergencia son necesarias, éstas «sólo podrán alterar las instituciones democráticas, los derechos y los procedimientos dentro de ciertos límites»., subraya. Por ejemplo, mientras que las respuestas a COVID-19 «pueden garantizar la distancia física al restringir la libertad de circulación y reunión, no pueden tocar ciertos derechos fundamentales y no deben ser discriminatorias».

Control parlamentario 

«En países con un riesgo medio o alto, la supervivencia democrática depende de una sociedad civil vigilante que pueda fiscalizar a los gobiernos», destacan los investigadores. Para lo cual es imprescindible que continúen activos, sin excusa, los controles parlamentarios a la acción del Gobierno.

Ahora que el COVID-19 ha puesto a prueba nuestros sistemas democráticos, incluso, deben desarrollarse «nuevos mecanismos de rendición de cuentas que respondan a las necesidades de la pandemia», recomiendan. Por ejemplo, tal y como dictaminó el Tribunal Constitucional alemán: «Las formas limitadas de protesta pública deben seguir siendo legales, siempre y cuando cumplan con las directrices de distanciamiento» sanitario imprescindibles para evitar los contagios. «En momentos en que las grandes reuniones son perjudiciales, es posible encontrar soluciones alternativas», apuntan los expertos suecos.