La esposa de Yon Goicoechea, preso político de Maduro: «En Venezuela se violan los derechos humanos»

Rosaura Valentini, esposa del hispanovenezolano Yon Goicoechea, abogado opositor al dictador chavista Nicolás Maduro que recuperó la libertad hace tres semanas, ha reclamado a los parlamentarios vascos que sean «vigilantes ante las violaciones de derechos humanos» que se están produciendo en Venezuela.

Valentini ha comparecido, a petición de PNV y PSE, en la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento vasco, en la que ha dado a conocer la situación en que se encuentra su marido, de origen vasco, que se encuentran en libertad condicional tras permanecer 14 meses encarcelado acusado de portar explosivos y planear acciones contra el presidente Maduro.

En su intervención, el parlamentario del PNV Iñaki Aguirre ha recordado las «fuertes relaciones y lazos de afecto» que Venezuela y el País Vasco han mantenido históricamente y el trato recibido en el pasado por parte del exilio vasco.

Por ello, ha mostrado su preocupación por la situación socioeconómica que padece el país sudamericano y «la degradación democrática y la deriva autoritaria» que está sufriendo.

Por su parte, el parlamentario del PSE Txarli Prieto ha mostrado su solidaridad con Valentini y ha incidido en que Venezuela sólo puede ser libre «respetando los derechos humanos». «Nuestra solidaridad la tiene», ha añadido.

Bildu iguala al tirano con los demócratas

Desde los proetarras de EH Bildu, Julen Arzuaga se ha centrado en denunciar las «injerencias de EEUU y Europa que agravan la compleja situación». Luego ha tratado de decir que la formación heredera de la banda terrorista ETA es consciente de la «situación social» que sufre Venezuela, y ha dicho solidarizarse con su ciudadanía. Cuando le ha tocado hablar de «respeto a los derechos humanos», Arzuaga ha equiparado los asesinatos de la tiranía de Maduro con las manifestaciones pacíficas de la oposición en las calles.

En este sentido, ha considerado «positiva» la libertad de Yon Goicoechea y ha felicitado a la Justicia venezolana por el paso dado al respecto.

Por su parte, desde Elkarrekin Podemos, Iñigo Martínez ha reconocido la «crisis social y económica» que vive Venezuela, y que «nadie niega», aunque ha advertido del «bloqueo financiero» impuesto desde EEUU.

Martínez sí ha celebrado que Goicoechea se pueda presentar a las próximas elecciones municipales y se ha mostrado dispuesto a «acompañar» a su familia en las medidas que asuma ante la Fiscalía o el Defensor del Pueblo para denunciar la detención de haber habido «una ilegalidad».

Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio se ha solidarizado con la familia Goicoechea, ha agradecido el testimonio de su mujer y ha confiando en que la próxima vez sea el propio abogado quien acuda a declarar ante el Parlamento vasco.

«Preso político y sin luz en la celda»

En su intervención, Rosaura Valentini ha recordado que el Gobierno venezolano ha prohibido a su marido, «un preso político», que concurrirá a las elecciones municipales del 10 de diciembre, salir del país.

Tras afirmar que en la actualidad hay en Venezuela 317 presos políticos ha pedido a los parlamentarios vascos que sean «vigilantes ante las violaciones de Derechos Humanos que se están produciendo».

Asimismo, ha denunciado las condiciones en que su marido, «una persona que jamás ha sido violenta», fue detenido, así como la situación que se padece en las cárceles venezolanas y que sufrió el propio Goicoechea tras permanecer en una celda «sin luz».

Además, ha apostado porque «las diferencias políticas se resuelvan mediante el voto libre» y ha pedido la apertura de un «canal humanitario» ya que hay «desnutrición y los niños se están muriendo».

«La situación se puede mejorar con medidas abiertas y que no se permitan injerencias americanas, europeas, pero tampoco cubanas o de ninguna índole. Que los venezolanos puedan resolver sus problemas», ha solicitado.

Por último, ha expresado que en Venezuela «no hay división de poderes», en contraposición a lo que sucede en España donde el sistema «no será perfecto pero sí se respetan los Derechos Humanos».