Un error del Gobierno evita la cárcel a los condenados por el asalto al Parlament de Cataluña

Un fallo del Gobierno ha provocado que ninguno de los condenados por el asalto al Parlament de Cataluña en junio de 2011 entre en prisión. La Audiencia Nacional ha declarado prescritas las penas a tres años de cárcel de los ocho acusados al haberse superado el plazo de cinco años desde que el Tribunal Supremo dictó la sentencia firme sin que Moncloa haya decidido sobre sus peticiones de indulto.

Así, la sentencia que en marzo de 2015 condenaba a José María Vázquez, José López, Ángela Bergillos, Jordi Raymond, Ciro Morales, Rubén Molina, Carlos Munter y Olga Álvarez se convierte en papel mojado. Pero no sólo eso, el retraso del Gobierno a la hora de pronunciarse sobre la medida de gracia también convierte en fútil la decisión del Tribunal Constitucional, que hace apenas un año, en junio de 2021, avaló las ocho condenas por un delito contra las instituciones del Estado. 

Tras la condena del Tribunal Supremo, los condenados solicitaron un indulto y Fernando Grande-Marlaska, quien por entonces presidía el tribunal de la Audiencia Nacional que debía ejecutar la pena, decidió suspender su entrada en la cárcel mientras se tramitaba la concesión o denegación de la medida.

Sin embargo, ahora, y «en atención al tiempo transcurrido»la propia Audiencia Nacional ha declarado prescritas las penas. Una decisión con la que se ha mostrado conforme la Fiscalía, que el pasado noviembre emitió un escrito a favor.

Asalto

Cabe recordar que los ocho condenados, que han evitado la prisión, fueron condenados por bloquear el acceso al Parlament de Cataluña a varios parlamentarios durante una protesta realizada el 15 de junio de 2011, incluido al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que entrar en el edificio a bordo de un helicóptero.

Esta manifestación, que en un principio pretendía ser una marcha contra los recortes, se convirtió en un asedio que derivó en ataques puntuales a algunos diputados.

Pese a ello, y por un error del Gobierno, ninguno de los acusados por estos hechos cumplirá la pena de tres años de cárcel a la que fueron condenados.