Erkoreka achaca a los abogados de Otegi los problemas con su candidatura: «Esta situación no cae del cielo»

El candidato del PNV por Bizkaia, portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia, Josu Erkoreka, ha replicado al aspirante a lehendakari de EH Bildu, Arnaldo Oregi, que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no tiene atribuciones para mediar en su posible inhabilitación y ha afirmado que esta situación no cae ahora «del cielo», sino que ha sido propiciada por su defensa, al no recurrir al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de inhabilitarle para ejercer cargo público hasta 2021.

Además, ha criticado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por «anticipar» la anulación de la candidatura del exportavoz de Batasuna, y mostrar, de esta forma «desprecio y desaire» a la separación de poderes. Además, ha señalado que le preocupa que toda esta cuestión «hurte» el debate político que tiene que producirse de cara a las autonómicas del 25 de septiembre.

Erkoreka, que ha asistido a los actos con motivo del Día de la Virgen de Begoña en la Basílica de Bilbao, ha respondido, de esta forma, al secretario general de Sortu, que el pasado sábado emplazó a Urkullu a evitar «el pucherazo electoral» con «la amputación» de su candidatura.

El representante del Gobierno vasco y candidato jeltzale ha manifestado que la «posición política» del Gobierno vasco y del PNV sobre el ‘caso Bateragune’, por el que se condenó a Otegi por intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna, ha sido clara.

«Siempre hemos dicho que eran unas condenas injustas, sin base jurídica ni justificación. Y es una posición que ha sido compartida amplísimamente, no solo en el mundo nacionalista vasco, sino también fuera de él», ha añadido Erkoreka.

En este sentido, ha recordado que el propio Tribunal Constitucional «se dividió en relación con este asunto», de manera que «cinco de los doce magistrados que integran el TC consideraron que aquellas condenas se habían impuesto con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, con vulneración del derecho a la imparcialidad y de la presunción de inocencia».

A su juicio, es mejor «no entrar» en la «polémica jurídico-judicial» sobre la posible anulación de la candidatura del aspirante a EH Bildu porque las diferentes declaraciones que se han hecho al respecto, ponen de manifiesto que no se trata de un asunto «demasiado sencillo desde el punto de vista jurídico».

En este sentido, ha recordado que el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, «ha hecho notar las dificultades y la complejidad» de este caso «desde el punto de vista jurídico».

En este sentido, ha apuntado que el que único que no parece tener «dificultades para hacer, contra toda ortodoxia de respeto a la diversidad y a la separación de poderes, es el ministro de Justicia, que ya ha anticipado cuál va a ser el pronunciamiento de los tribunales».

A su juicio, éste es «un error manifiesto, una clara vulneración y un desprecio y desaire a la separación de poderes, y a la autonomía e independencia del Poder Judicial». «Es un asunto jurídicamente complicado, como ya ha manifestado el Fiscal Superior del País Vasco tampoco vamos a hacer un pronunciamiento explícito», ha indicado.

«Eclipsar el debate»

No obstante, ha precisado que, en todo caso, lo que les preocupa es el hecho de que «una persona propuesta como candidata por una formación política pueda no poder presentarse a las elecciones y que ese asunto eclipse a todos los demás e impida un debate político que tiene que producirse necesariamente en campaña electoral», en la que las formaciones políticas «confrontará sus planteamientos» en los distintos ámbitos de las políticas autonómicas y que «estarán en la agenda» del próximo gobierno.

En cuanto al lehendakari, ha recordado que «carece de atribuciones en el ámbito jurídico judicial», pero también ha dicho que, «quien ha tomado la iniciativa en este asunto es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la misma que en enero de este año pactó con la cúpula de la antigua Batasuna un acuerdo en relación con la solución judicial de 35 encausados de esa antigua formación política», en referencia a los dirigentes de la izquierda abertzale procesados en el ‘macrosumario de Segura’.

«Por lo tanto, la interlocución con quienes han tomado la iniciativa en este caso no requiere de la mediación del lehendakari, en absoluto», ha apuntado.

Asimismo, ha dicho que «también es cierto que la situación procesal y jurídico judicial en la que se encuentra el caso es fruto, entre otras cosas, de decisiones adoptadas por la propia defensa jurídica» de Arnaldo Otegi.

En este sentido, ha recordado que en enero de este año hubo un auto de la Audiencia Nacional «fijando una posición jurídica en relación con este asunto» que la representación legal del exportavoz de Batasuna no recurrió, en referencia al hecho de que la abogada Jone Goirizelaia declinara, finalmente, presentar recurso ante el TS contra la decisión de la AN de inhabilitar al exportavoz de Batasuna para ejercer cargo público hasta 2021.

Por ello, cree que «la situación actual no cae del cielo, sino que también es fruto de decisiones expresamente adoptadas por la defensa jurídica de Otegi».

«En cualquier caso, está claro que al Gobierno sí le preocupa que haya formaciones que no puedan presentarse a través de los candidatos libremente elegidos en las próximas elecciones, pero me preocupa más aún el hecho de que esta cuestión pueda hurtar el debate que la sociedad y la ciudadanía vasca necesita entre partidos políticos», ha concluido.