Las empresas que colaboran con el referéndum de Puigdemont dejan de hacerlo tras la visita de la Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional presiona a las distintas empresas catalanas contratadas por la Generalitat para llevar a cabo el referéndum y la desconexión, a través de distintas investigaciones. Desde el Ministerio Público señalan tres posibles delitos: sedición, malversación y desobediencia. Por este motivo, muchas de ellas han decidido dejar de trabajar para el Gobierno de Puigdemont.

En concreto, una veintena de empresas se encuentran en estos momentos investigadas por la Guardia Civil. Agentes de este cuerpo han solicitado desde hace aproximadamente un mes toda la información sobre los contratos de estas entidades con el Gobierno catalán.

Lo cierto es que la Fiscalía sospecha que detrás de muchos de estos contratos -mayoritariamente con empresas tecnológicas, de ciberseguridad y consultoras- se esconden labores que ayudarán a los de Puigdemont a la creación de su propia Agencia Tributaria o la puesta en marcha de unos servicios de inteligencia catalanes.

La respuesta de estas empresas no se ha hecho esperar, ante la amenaza de de acabar en los tribunales juzgados por delitos de tal calibre, muchas de ellas han decidido retirar su apoyo al referéndum o, simplemente no contribuir a estas labores.

En este sentido, la Generalitat se encuentra en estos momentos en la búsqueda de otras entidades que puedan desempeñar estos trabajos para que su anunciada «desconexión» pueda culminarse.

Desde el Gobierno Central se ha advertido en reiteradas ocasiones de la gravedad de la situación para el Gobierno de Puigdemont, las empresas que lo apoyen y los funcionarios que lleven a cabo sus órdenes.

El Ejecutivo de Rajoy ya ha informado a los funcionarios de las medidas que deben tomar en caso de recibir órdenes que atenten contra la legalidad. Son muchos los funcionarios que denuncian las presiones y solicitan el amparo del Gobierno Central.

En este sentido, los de Puigdemont también lo ha dejado claro: se sancionará a los trabajadores de la Generalitat en caso de que incumplan las leyes de independencia que el Parlament desea aprobar este verano. Así lo afirmó el cantautor y diputado de JxSí en esta Cámara, Lluís Llach.

«El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d’Esquadra hay sectores que son muy contrarios», dijo Llach en un acto organizado en marzo por Òmnium Cultural en Barcelona.

El resto de miembros del Govern, lejos de reprobar estas palabras, defendió públicamente al diputado: Carles Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, mostraron muestras de cariño con Llach en el Parlament horas después de conocerse la noticia. Incluso la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, bajaba de su estrado para darle su apoyo.

Ante esto, el Gobierno central salió en defensa de los funcionarios catalanes, asegurando su protección frente rente a posibles represalias de la Generalitat en caso de que no acaten las leyes de ruptura con el Estado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha ido manteniendo reuniones con los miembros del Gobierno central para diseñar un protocolo de actuación en caso de que hubiese represalias.

Dolores Agenjo, la única directora de un centro público de Cataluña que se negó a abrir su instituto para celebrar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2015 (9N), reconoció que recibió amenazas  de m