El duque de Franco, el de Primo de Rivera y otros 31 nobles sin título tras el pacto Sánchez-Bildu

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 21/07/2022 06:52
  • Actualizado: 21/07/2022 09:06

La llamada Ley de «Memoria Democrática» pactada entre Pedro Sánchez y Bildu y aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, recoge, entre sus medidas, la supresión de los títulos nobiliarios que el Ejecutivo vincula con el franquismo.

Así, según el artículo 41 de la ley, quedarán suprimidos «los siguientes títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978»:

1. Duque de Primo de Rivera, con Grandeza de España.

2. Duque de Calvo Sotelo, con Grandeza de España.

3. Duque de Mola, con Grandeza de España.

4. Conde del Alcázar de Toledo, con Grandeza de España.

5. Conde de Labajos.

6. Marqués de Dávila y la Grandeza de España que se le une.

7. Marqués de Saliquet.

8. Marqués de Queipo de Llano.

9. Marqués de Alborán.

10. Conde del Jarama.

11. Marqués de Varela de San Fernando.

12. Conde de Benjumea.

13. Marqués de Somosierra.

14. Grandeza de España otorgada al conde de Rodezno.

15. Marqués de San Leonardo de Yagüe.

16. Conde de la Cierva.

17. Marqués de Vigón.

18. Conde de Fenosa.

19. Conde del Castillo de la Mota.

20. Marqués de Suanzes.

21. Marqués de Kindelán.

22. Conde de Pallasar.

23. Marqués de Casa Cervera.

24. Conde de Martín Moreno.

25. Marqués de Bilbao Eguía.

26. Grandeza de España a D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo.

27. Conde de Bau.

28. Duque de Carrero Blanco, con Grandeza de España.

29. Señorío de Meirás, con Grandeza España.

30. Duque de Franco, con Grandeza de España.

31. Marqués de Arias Navarro, con Grandeza de España.

32. Conde de Rodríguez de Valcárcel.

33. Conde de lturmendi.

Además, queda suprimida la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

Asimismo, el artículo 40 establece: «Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”.

Este listado fue pactado en su día por PSOE y Podemos que, en sus enmiendas, concluyeron que «con los trabajos de investigación ya realizados, es posible determinar en este momento los títulos nobiliarios y grandezas de España que incurren en causa de supresión por exaltar el golpe de Estado, la Guerra y la dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, lo que permite incluir una referencia expresa a los mismos en este artículo y establecerse de forma directa su supresión, siendo así el propio legislador, depositario de la soberanía popular, quien expulse del conjunto de títulos nobiliarios existentes en la actualidad aquellos cuya base está constituida por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales».

En opinión de los socios de la coalición, «se dota así, además de una mayor seguridad jurídica, a la decisión de suprimir estos títulos nobiliarios al otorgar rango de ley a la misma».

Polémicas

Cabe recordar que la Ley de «Memoria Democrática» ha salido adelante gracias al apoyo de los cinco diputados de Bildu al Gobierno de Pedro Sánchez.

Para ello, el presidente socialista ha pactado con los proetarras una serie de acuerdos muy polémicos, como ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

Así, en concreto, la ley insta al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Además, se pondrá en marcha otra comisión «independiente» de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».

En otra de las enmiendas, pactada con Más País y el PDeCAT se declara «ilegal» el régimen franquista y se reconoce expresamente que «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» alumbraron la democracia.

Con los separatistas catalanes se ha acordado también reconocer la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».

Entre otras medidas, la ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática, entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros. También se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Como ha publicado OKDIARIO, una de las medidas que se pondrán en marcha será la exhumación de los restos del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, que dejará de estar en un «lugar preeminente» de la Basílica.