Dos ex ministros del PSOE y otros dos del PP se ofrecen a mediar para alcanzar ya un acuerdo en el CGPJ

Dos ex ministros de Justicia con el PSOE (Francisco Caamaño y Juan Carlos Campo) y otros dos con el PP (Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá) se han ofrecido para actuar como mediadores en la endiablada situación que tiene paralizado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2018, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas a los protagonistas.

Aunque es conocido que todos ellos mantienen una relación cordial y frecuentes encuentros privados, esta iniciativa ha surgido en la preparación de su participación en las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno, organizadas por el Consejo General de Procuradores de España, que se celebran en Huesca a partir de este jueves y en las que los cuatro ex ministros serán protagonistas del coloquio inaugural.

La iniciativa para ejercer su labor de mediación será trasladada la tarde de jueves de forma personal a la secretaria de Estado de Justicia, Ana María Sánchez Hernández, que también está presente en las jornadas, y posteriormente a los vocales del CGPJ.

El Consejo General de Procuradores de España (CGPE), con su presidente Juan Carlos Estévez al frente, viene realizando desde hace años una discreta pero eficiente labor de composición entre los diferentes operadores jurídicos y entre las fuerzas políticas en múltiples cuestiones de desavenencia en el sector legal.

Esta propuesta de mediación de los cuatro ex ministros se produce la víspera de la reunión que mantendrán los dos sectores que agrupan a los vocales del CGPJ el viernes, en la que ya -una vez fijadas las reglas de procedimiento el pasado jueves- abordarán de nuevo el nombramiento de los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional. La reunión se producirá tres días después de que se haya superado el plazo que el Gobierno impuso al CGPJ para elegir a sus dos candidatos.

De ser aceptada, la mediación cuenta con el aval de la experiencia en negociaciones complejas como las que mantuvieron, por ejemplo, Rafael Catalá como ministro de Justicia del PP con el portavoz socialista del ramo en ese momento -y posterior titular del departamento- Juan Carlos Campo para sacar adelante en el pacto de Estado por la Justicia en 2016, que a la postre hizo fracasar Ciudadanos.

El PP está dispuesto a renovar el CGPJ si el acuerdo viene acompañado de un compromiso de reformas para la despolitización en el funcionamiento de la Justicia. Así, propone que no puedan ser elegidos para la Fiscalía General del Estado «quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores», como fue el caso de Dolores Delgado.

Otros requisitos que pide negociar el PP son, por ejemplo, una antigüedad de 25 años de servicio activo para ser magistrado del Tribunal Supremo o poner fin a las «puertas giratorias», de forma que los jueces que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos.

La propuesta del PP para alcanzar un acuerdo que desatasque el Poder Judicial ha sido despreciada por Moncloa. Está «llena de líneas rojas y condiciones», aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El PP ha informado por carta a la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didie Reynders, de la propuesta de acuerdo remitida por Génova al Gobierno para desbloquear la renovación del CGPJ bajo requisitos de independencia.