El dilema de Puigdemont: la excarcelación de los golpistas favorece su extradición a España

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 17/11/2017 02:18
  • Actualizado: 17/11/2017 10:24

El expresidente Carles Puigdemont podría ver torpedeada su estrategia para conseguir que la Justicia belga deniegue su extradición a España si el Tribunal Supremo decide la excarcelación de los miembros del Govern. La táctica de la defensa, que pensaba alegar que en España existe una persecución por las ideas políticas y se vulneran los derechos humanos, ya se ha visto notablemente alterada después de que, el pasado jueves, el juez Pablo Llarena decretase para Forcadell la prisión eludible bajo fianza. 

Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas-todos ellos acusados de presunta rebelión, sedición y malversación de caudales públicos-comparecerán por primera vez este viernes ante el juez de la Cámara del Consejo de Bruselas-el equivalente al tribunal de primera instancia- que será encargado de decidir si acepta la orden de extradición emitida por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. 

Precisamente, y de cara a esa declaración, la Fiscalía de Bruselas ha solicitado información a Lamela sobre el estado de las cárceles españolas, además de otro tipo de documentación judicial y penitenciaria.

El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si estima que dispone ya de toda la información necesaria, aunque lo más probable es que esa decisión se aplace hasta que las partes presenten sus alegaciones. Cabe además la posibilidad de que alguna de ellas solicite más tiempo para preparar su argumentación, y que el juez pueda autorizarlo. Además, Puigdemont y sus consejeros podrían alargar el proceso hasta tres meses, si, como es previsible, se presentan recursos.

Como informó OKDIARIO, el Supremo-que se prepara ya para asumir la investigación contra Puigdemont y los demás miembros del antiguo gobierno catalán-estaría dispuesto a decretar la libertad de Junqueras y los siete exconsejeros que permanecen actualmente en prisión en el caso de que acaten la ‘vía Forcadell’. Es decir, que-siguiendo la declaración de la expresidenta del Parlament-acaten el 155 y reconozcan que la DUI no tiene ninguna validez, además de renunciar expresamente a realizar actos políticos que supongan un desacato a la Constitución. 

Ese compromiso fue suficiente para que el juez Llarena determinase la puesta en libertad de Forcadell, y la del resto de miembros de la Mesa, también encausados y que no llegaron ni siquiera a pisar la cárcel.

La disposición del Supremo a dejar en libertad a Junqueras y los exconsejeros, previsiblemente antes de las elecciones del 21 de diciembre, provocaría una situación complicada para el independentismo, y en especial, para los intereses de Puigdemont, que intenta alargar al máximo su permanencia en Bruselas. 

«Ajuste de cuentas político»

Para el expresident, la posibilidad de presentarse como ‘exiliado político’ no deja de ser un reclamo de campaña, que le permite, además, denunciar al Gobierno español por «incumplimiento de derechos humanos», «represión» y otros argumentos, difícilmente sostenibles, que ha ido exhibiendo en estas semanas.

En los últimos días, han sido sus propios abogados los que, en distintas entrevistas en la prensa europea, han trazado por dónde irá su estrategia para rechazar la entrega a España. Que se le procesa «por una causa política», la misma que ha defendido en un programa electoral y por la que ha recibido el voto de una parte de los catalanes, y además, que en España no existen las suficientes garantías para asegurar un juicio justo.

«Si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo. Si es así, volveríamos de inmediato», aseguró ya Puigdemont en su rueda de prensa, desde Bruselas, el pasado 31 de octubre.

No obstante, lo puso en duda y aprovechó también para arremeter contra el Gobierno y lo que consideró «una ofensiva contra los funcionarios y el Govern, que incluye una querella política que sumaría 500 años de prisión y un problema político gigantesco que Madrid solo afronta con represión». Vender a Bélgica la imagen de un Estado represivo y una Justicia politizada es lo que intenta Puigdemont, con difícil éxito.

Según publica este jueves el diario ‘De Standaard’, en base a los documentos de las defensas, éstas alegarán que la extradición es un «ajuste de cuentas político» y por ello, el juez deberá rechazarla. España, apunta además este diario, «no contempla ningún hecho punible individual, sino sólo sus decisiones políticas, que conocía todo el mundo y por las que fueron elegidos democráticamente». «Por lo tanto, sólo son procesados por su opinión política. El juez belga debe rechazar su entrega», se insiste. La libertad de Forcadell y la Mesa del Parlament, y la posible excarcelación de Junqueras y los exconsejeros deja en saco roto esos argumentos.

Otra de las tácticas de la defensa será aludir a que los delitos de rebelión y sedición del Código Penal español no encajan en el equivalente del país, porque las órdenes de extradición requieren de una doble incriminación para que sean aceptadas.

La decisión sobre la euroorden corresponde en exclusiva al juez, y el Gobierno español no tiene capacidad de defensa, salvo lo que pueda hacer en su favor la propia Fiscalía belga.

Aunque las cosas han cambiado, el abogado de Puigdemont, Paul Beckaert-conocido por defender a varios miembros de ETA-logró en su día convencer a la Justicia belga con argumentos simplistas y manipulados para evitar la extradición de la etarra Natividad Jáuregui, requerida por España por asesinato.

Entonces, Beckaert aludió también a la «represión» del Estado español contra los vascos, no dudó en señalar que en España actuaban «escuadrones de la muerte que torturaban y asesinaban a vascos» y defendió que la detención «infringiría los derechos fundamentales, ya que los acusados de hechos criminales con móviles presumiblemente terroristas están sometidos en España a un régimen específico de privación de libertad en condiciones inhumanas que pueden ir acompañadas de torturas». La etarra sigue viviendo en Bélgica.