Delgado monta en cólera porque los fiscales del 1-O no le adelantaron los recursos contra la semilibertad

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entró en cólera porque el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, no le avisó del escrito que habían preparado los fiscales del 1-O para impugnar los permisos penitenciarios de los golpistas a través de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La aplicación de este artículo les otorga una serie de privilegios a los condenados por sedición y malversación durante el cumplimiento de la condena en segundo grado.

Lo cierto es que el teniente fiscal no está obligado a informar sobre los procedimientos relacionados con el procés a la fiscal general, dado que ésta debe abstenerse de estos asuntos relacionado con su etapa al frente del Ministerio de Justicia. Pese a ello, Delgado «armó un escándalo» en la sede de la calle Fortuny porque «no le habían informado», según cuentan fuentes judiciales a OKDIARIO.

Delgado muestra un especial interés a los asuntos relacionados con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ella formó parte como ministra de Justicia en al anterior legislatura, a pesar de que no pueda intervenir en los mismos. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que pregunta con insistencia para conocer el recorrido de los mismos con «el objetivo adelantar la información al Gobierno».

El último encontronazo ocurrió cuando los fiscales del juicio del referéndum ilegal se opusieron, en un escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, a otorgarle a los independentistas beneficios que les permitían salir de prisión para trabajar, realizar labores de voluntariado o cuidar de familiares dependientes en segundo grado. El Ministerio Público sentenció que se trataba de un tercer grado encubierto porque, explicaban, «es un instrumento finalista y de naturaleza excepcional que permite combinar aspectos de distintos grados» a los condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por delitos de malversación y sedición.

«Por ello, en el caso concreto, el conjunto de estas decisiones de aplicación del art. 100.2 se asemeja a la concesión a todos de un tercer grado encubierto, ya que los efectos derivados de la aplicación de ese precepto no son diferentes de los que conlleva la concesión del tercer grado. La situación obtenida con el art. 100.2 es similar. Está, como señalaba el criterio de los Fiscales discrepantes con el contenido del acuerdo, en la propia naturaleza de las cosas en la medida en que se persigue la salida diaria salvo para pernocta de todos los penados en la misma causa. Lo que nos situaría en la órbita del fraude de ley con los efectos que previenen los arts. 11.2 LOPJ y 6.4 Código Civil», señalaban.

Un regalo de Torra

Los fiscales alegaban que con estos privilegios se les estaba otorgando un tercer grado a los golpistas tan sólo nueves meses después de cumplir la condena. Un extremo que finalmente se ha terminado ejecutando porque, tal y como presagiaron los fiscales, las juntas de tratamiento penitenciario –dependientes del Govern de Quim Torra– finalmente han concedido a los nueve líderes independentistas el tercer grado, conocido como régimen de semilibertad.

Desde este fin de semana los independentistas Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Jordi Cuixart podrán disfrutar de los beneficios del tercer grado.

Las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas han acordado aplicarles la modalidad de régimen abierto habitual prevista en el artículo 83 del Reglamento Penitenciario. Esto permite al preso dormir cuatro días en la cárcel y tres en su casa, y pernocta un mínimo de ocho horas diarias. Así, deberán pasar al menos ocho horas cuando pasen la noche en la cárcel, y pueden ser entre 8 y 11 horas según lo que establezca cada programa.

Pero el Ministerio Público tramitará el recurso del régimen de semilibertad aprobado por las cárceles catalanas porque es «prematuro» y los líderes independentistas «no se han arrepentido» del delito cometido, tal y como adelantó OKDIARIO.

El principal motivo en el que se apoyan los fiscales para tomar esta medida es que los independentistas «no están arrepentidos del delito cometido». Las mismas fuentes explican que no se dan las condiciones necesarias para obtener un tercer grado porque «ni siquiera se han sometido a un programa de rehabilitación».

Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía presentará un recurso de apelación ante el tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena, que tiene efectos suspensivos por lo que los presos volverían a la situación anterior (reclusos en segundo grado) hasta que el tribunal dicte una resolución.