C’s pide a la ministra Carcedo que rectifique tras comparar la gestión subrogada con el tráfico de órganos

Ciudadanos ha registrado este viernes una proposición no de ley en el Congreso en la que pide al Gobierno que declare públicamente «que la gestación subrogada nada tiene que ver con el tráfico de órganos o el de menores» y rectifique, así, unas declaraciones de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, sobre esta materia.

«Hay que tomar decisiones internacionales y declarar ilegales estas prácticas», añadió Carcedo en una entrevista, en la que igualó la gestación subrogada con el tráfico de órganos y de menores. Estas palabras fueron apoyadas, este viernes, por la ministra portavoz Isabel Celaá, quien en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, aseguró que el Gobierno no acepta la gestación subrogada porque la considera una «compraventa de niños».

Para los ‘naranjas’, las declaraciones de ambas ministras atentan «gravemente contra la dignidad y el interés superior del menor», así como de los «miles de niños y niñas españoles» que han nacido a través de esta práctica y que, en este caso, han sido equiparados «a órganos obtenidos a través de mafias, y a traficantes de órganos y de menores, respectivamente».

Es «una realidad»

En la iniciativa, firmada por la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes, y recogida por Europa Press, los de Albert Rivera apuntan que la gestación por subrogación «constituye una realidad tanto en España como en los países del entorno», siendo un procedimiento que, a su entender, «se ve con la misma naturalidad que otras expresiones de los cambios de percepciones sociales ante instituciones ligadas a nuevos modelos familiares».

Para la formación, todos ellos «tienen como denominador común la variedad con la que las personas quieren expresar su propia concepción de las relaciones familiares y asumir la condición de progenitores».

Ciudadanos argumenta que, ante esta nueva realidad, la mejor solución y la más garantista, es regular, no «cerrar los ojos ni prohibir». «Al contrario de lo declarado por la Ministra, se trata una forma alternativa de acceder a la paternidad o maternidad que la legislación ha de tutelar y regular para conciliar los derechos en juego de todos los que participan y sea acorde al interés superior de los menores así nacidos», apunta el texto.