Una constructora del ‘caso Koldo’ que pagó mordidas cambia de dueño pero mantiene al mismo apoderado

La liquidación de Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), la constructora señalada en la investigación del caso Koldo por el pago de mordidas ilegales ha derivado en un traspaso que no ha roto todos los hilos con la sociedad original.

José Manuel Parra, apoderado de OPR desde el 13 de agosto de 2019, ha sido nombrado apoderado de Safenode MSP, S.L., la empresa granadina que se ha quedado con la unidad productiva de la constructora tras el visto bueno judicial del ámbito mercantil. La coincidencia introduce una sombra sobre la operación, presentada como un traspaso limpio hacia una compañía ajena al concurso.

El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid dictó el 21 de octubre de 2025 el auto que autorizó la venta de la unidad productiva de OPR a favor de Safenode.

Fuentes del sector alertan a OKDIARIO de la operación, ya que esa compañía con sede en un pequeño pueblo de 3.200 habitantes (Moraleda de Zafayona) no tenía hasta ahora como objeto social el tema de la construcción. Se dedicaba a temas tecnológicos.

El temor en el ámbito empresarial de OPR es que dejen multitud de pufos y deudas sin pagar. Las fuentes pulsadas confían en que la justicia no permita eso.

La resolución judicial permitía dar continuidad a la actividad de creación de infraestructuras bajo una firma jurídicamente independiente supuestamente. Una empresa bien administrada que permitiera sacar adelante la compañía y que no quiebre.

Auto judicial y traspaso

Safenode se constituyó recientemente, el 2 de diciembre de 2024, con un perfil inicialmente ajeno a la construcción. Modificó después su objeto social hasta situarlo bajo el epígrafe CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 4212, correspondiente a la construcción de vías férreas de superficie y subterráneas, la misma actividad que desarrollaba OPR.

El primer administrador único de la sociedad cesó el 12 de noviembre de 2025, apenas tres semanas después del auto judicial. Le sustituyó Gestadmin ABA SL, una gestoría con sede en Granada capital dedicada, según su actividad principal registrada, a «actividades administrativas y auxiliares de oficina».

Fue tres meses más tarde cuando se produjo el movimiento que enlaza a ambas sociedades. El 24 de febrero de 2026 se inscribió el nombramiento de Parra Collado como apoderado de Safenode, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil con el número de anuncio 110521 el 4 de marzo.

La misma persona había sido nombrada apoderado de OPR el 13 de agosto de 2019, en una inscripción registrada en el Registro Mercantil de Toledo. El cargo se mantuvo vigente durante los años en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba los presuntos pagos irregulares de la constructora a Koldo García y a su entonces mujer.

Según reveló la investigación conocida en junio de 2025, OPR habría abonado una nómina mensual de 1.300 euros a la mujer del ex asesor de José Luis Ábalos, en paralelo a los pagos que otra constructora destinaba al propio Koldo.

La UCO describió estas contraprestaciones como derivadas «de la contratación de Koldo y su mujer sin que hubieran tenido que desempeñar función alguna».

Acreedores en vilo

El supuesto cambio de manos ha generado inquietud. Hay temor de no recuperar lo adeudado por la constructora si su actividad continúa, en la práctica, bajo otra denominación pero con las mismas prácticas.

Las cuentas de Safenode correspondientes a 2025, además, muestran el vuelco patrimonial asociado a la operación: el activo total pasó de 3.063 euros en 2024 a 1.753.987 euros un año después, con un inmovilizado material e intangible que ha superado los 1,3 millones de euros.

La memoria de Safenode reconoce, además, que sus cuentas «no han sido sometidas a verificación de auditor», a diferencia de OPR, cuyas cuentas anuales sí eran auditadas por Taxfinco Audit SLP. Esta disparidad añade opacidad a una operación que ya despertaba suspicacias por la rapidez con que Safenode adaptó su objeto social a la actividad de la constructora.

La operación se enmarca dentro de las herramientas que contempla la Ley Concursal para salvar el tejido empresarial de compañías operativamente viables pero arrastradas por la insolvencia de sus matrices. Sin embargo, la reaparición de un mismo apoderado en ambas sociedades introduce una clave relevante a ese supuesto traspaso limpio hacia un tercero ajeno al concurso.

La secuencia temporal —apoderado en OPR desde 2019, venta judicial de los activos en octubre de 2025, cambio de administrador de Safenode en noviembre y llegada del mismo apoderado en febrero de 2026— dibuja un hilo continuo entre la empresa investigada y la que ha heredado su actividad, maquinaria y contratos en ejecución.

Seis meses más de investigación

El caso Koldo, que ha situado a Granada como uno de los epicentros de las pesquisas de la UCO, añade así un nuevo episodio a su ya extenso anexo societario. Mientras los acreedores aguardan noticias sobre sus deudas pendientes, la operación demuestra que, entre la vieja y la nueva OPR, el cambio de nombre no siempre implica cambio de manos.