Constitucionalistas denuncian a la Generalitat por «persecución política» a los que retiran lazos

El presidente de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, José Domingo, ha presentado una denuncia contra la cúpula de la Consejería de Interior de la Generalitat por «persecución política» a los que retiran lazos amarillos y símbolos independentistas de la vía pública, a la vez que ha afirmado que esta medida tiene el fin de conseguir la segregación ideológica de estos ciudadanos.

Lo ha declarado a los periodistas ante la Fiscalía Superior de Cataluña junto al vicepresidente de su asociación Carlos Silva y tras registrar la denuncia contra el consejero Miquel Buch; el director de Mossos, Andreu Joan Martínez, y el comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius.

Domingo considera que, mientras se están levantando actas contra ciudadanos que retiran esta simbología -como ha sucedido con los 14 identificados en municipios de Tarragona-, no se apercibe a los que los colocan, lo que supone una actuación «claramente discriminatoria» por parte de Mossos.

Cree que los que retiran los lazos no incurren en una infracción porque están «amparados en el deber que tiene cualquier ciudadano en proceder a retirar cualquier elemento contrario a las ordenanzas cívicas, como una persona que recoge un papel de la calle y lo deposita en una papelera».

Persecución con fin de segregación

«Se está produciendo una situación de clara persecución por parte de la policía autonómica, pero fundamentalmente ordenada por sus jefes políticos, y se está haciendo esta persecución con una finalidad de segregación ideológica», ha afirmado.

Domingo pide que la policía catalana actúe contra quien coloca estos símbolos: no cometen un delito pero están «alterando el mobiliario urbano y produciendo contaminación al medio ambiente», lo que considera una infracción administrativa.

Ha dicho que el artículo 37 de la Ley de seguridad ciudadana califica como infracción leve los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública cuando no constituyan infracción penal y obligan a reparación del daño.

«Es decir, si se pinta un lazo en un arcén o una pared debe ser objeto de apertura de un expediente sancionador y de apertura de un expediente disciplinario», ha requerido.

Plan de Interior

Ha explicado que desconoce si los Mossos han levantado algún expediente por este motivo, pero que sí sabe que algunas policías locales catalanas lo han hecho, y ha exigido Fiscalía que inste a la policía catalana a actuar contra los que colocan símbolos en el espacio público.

«Estamos ante un supuesto de segregación ideológica, de persecución política, ordenada por los responsables de Interior y también del presidente», y ha pedido en la denuncia que se aporte el plan específico operativo que Interior ha diseñado para preservar el respeto ideológico y que fue anunciado por los tres denunciados el 2 de agosto.

También ha pedido que se aporten todas las actas levantadas por los Mossos con motivo tanto de la retirada como de la colocación de estos símbolos, y que se aporten los correos, órdenes e instrucciones que se ha dado desde la cúpula de Interior a Mossos.