El Constitucional avala la Ley Celaá y pone fin a las ayudas a los centros privados

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por mayoría la Ley Orgánica de la Educación (LOMLOE), conocida como ley Celaá, aprobada en 2019 y recurrida por Vox en marzo de 2021. De la misma manera ha rechazado este jueves la sentencia propuesta por el magistrado Ricardo  Enríquez sobre el recurso que presentó el partido de Abascal. El magistrado consideraba inconstitucionales algunos de los aspectos de la ley y discute, por ejemplo, la eliminación de las ayudas a aquellos centros privados que separan por sexo.

Vox impugnó lo que consideraba «la parte más sectaria de la ley», la que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.

Enríquez proponía declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, excepto los artículos que recogen que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas» y «no separarán al alumnado por su género»; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación del alumnado».

Ese aval parcial incluía la parte de la ley que señala que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable».

Ahora, tras el rechazo del Pleno a su ponencia, Enríquez ha accedido a redactar una nueva que recoja el sentir de la nueva mayoría progresista del Tribunal Constitucional (de siete magistrados frente a cuatro), esto es, declarar la constitucionalidad de toda la ‘ley Celaá’. Una vez confeccionado este segundo borrador, tendrá que someterse otra vez al examen del Constitucional, algo que se espera en las próximas semanas.

Esta luz verde del Tribunal Constitucional se suma así a decisión el pasado miércoles de aprobar la ley de la eutanasia. El pasado martes, el tribunal  admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas, pero rechazó suspenderlo de forma cautelar, como pretendía el Gobierno de Juanma Moreno.