El Constitucional avala por 7 a 4 el golpe de Sánchez que maniata al CGPJ para hacer nombramientos
El Tribunal Constitucional ha estudiado dos ponencias opuestas sobre esta reforma legal
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El Tribunal Constitucional ha avalado este lunes la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le impide cubrir las vacantes generadas en los altos tribunales. Un Pleno monográfico ha tumbado los recursos de Vox y el PP contra esta modificación legal que maniata en sus funciones a la cúpula judicial estando caducado. Como estaba previsto, la mayoría de los magistrados, 7 frente a 4, se han decidido por dar luz verde a la ponencia a favor de los intereses de Pedro Sánchez que ha escrito María Luisa Balaguer, designada a propuesta del PSOE.
El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, convocó este Pleno monográfico –que no es inédito pero sí inusual–, a petición de Tolosa, «dada la complejidad del asunto y el interés general». El primer recurso que entró al Constitucional, en abril de 2021, fue el de Vox. La magistrada ahora se encargará también de la relativa al recurso del PP después de que César Tolosa, autor de la ponencia opuesta, haya declinado adaptar su borrador al sentir de la mayoría del Pleno.
Balaguer se agarra a un precepto que señala, sobre el CGPJ, que «la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario».
Igualmente, Balaguer incide en que la Constitución expresa claramente que el CGPJ tiene un mandato de cinco años, tras los cuales debe renovarse, por lo que no contempla un Consejo en funciones. De ahí que resalte que éstas se limiten, sobre todo si tienen un carácter discrecional.
En cambio, la segunda ponencia –la relativa al recurso de los de Alberto Núñez Feijóo– considera que, aunque dicho artículo permite al legislador modular el funcionamiento interno del CGPJ, no le otorga tanta libertad como para despojarlo de una de las funciones que le encomienda la Carta Magna de 1978, esto es, la de realizar nombramientos.
Del mismo modo, el magistrado Tolosa duda de la oportunidad política de la reforma de la LOPJ, haciendo especial remarque en que, si se quería limitar sus poderes para forzar su renovación, se debería haber hecho cuando venció su mandato, el 4 de diciembre de 2018, no tres años después.
Fuentes del Constitucional aclaran que ninguno de los dos textos hace referencia a la contrarreforma exprés aprobada en julio de 2021 para devolver al CGPJ su capacidad de hacer nombramientos discrecionales pero únicamente para designar a sus dos candidatos al TC.
Esa segunda modificación hizo posible que el pasado enero se produjera la renovación parcial del Constitucional que estaba pendiente desde junio de 2022, provocando un vuelco desde la entonces mayoría conservadora a la actual progresista.
Interinidad
Por su parte, los partidos Vox y PP tachaban de inconstitucional la modificación efectuada en marzo de 2021 a la LOPJ para prohibir que un CGPJ en situación de interinidad (como el actual) cubra las vacantes generadas en los altos tribunales. La reforma legal pretendía empujar al PP a la mesa de negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero la falta de avances para nombrar nuevos vocales propició que en julio de 2022 las Cortes Generales aprobaran la segunda reforma.
Estos recursos iban a ir a Pleno en el mes de junio, una vez superados los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, pero el adelanto electoral al 23 de julio modificó los planes de la corte de garantías para no interferir tampoco en estas votaciones.
«Desolación»
Cabe recordar que la imposibilidad legal de que el CGPJ haga nombramientos discrecionales ha llevado al Tribunal Supremo (TS) al borde del colapso, con un total de 23 plazas sin cubrir, una situación que afecta ya a todas sus salas.
Durante la apertura del año judicial, recuerda Europa Press, celebrada el pasado 7 de septiembre, el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, calificó el panorama de «desolador». Del total de vacantes, se registran 2 en la Sala de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar.
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