El Constitucional amparará a un CDR contra la Guardia Civil por difundir vídeos de su taller de bombas

El Tribunal Constitucional va a admitir a trámite el recurso de amparo que interpuso Jordi Ros, el responsable de fabricar explosivos de los Comités de Defensa de la República (CDR), por vulnerar sus derechos al publicar la Guardia Civil un vídeo con su laboratorio de bombas. También se queja de que varios medios de comunicación difundan imágenes suyas. Fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que los magistrados Ramón Sáez y María Luisa Balaguer impulsarán la admisión a trámite de este recurso en contra de la posición de Enrique Arnaldo, ponente del recurso.

De este modo, cuando el asunto sea elevado al pleno del Constitucional en los próximos meses, se acordará una sentencia que, por la mayoría izquierdista liderada por Cándido Conde-Pumpido, acabará amparando al citado independentista radical. Se concluirá que no se debió archivar la causa judicial abierta en Plaza Castilla por revelación de secretos contra el agente del Instituto Armado que mostró imágenes del almacén en Sabadell donde los CDR fabricaban sus explosivos.

La Sala Segunda de la Corte de Garantías estudiará el recurso interpuesto en 2020 por el CDR Jordi Ros. Se trata de un activista investigado por la Audiencia Nacional porque pidió 200 kilos de parafina para presuntamente fabricar explosivos. Durante la investigación abierta contra él por terrorismo, la Guardia Civil le incautó una hoja con anotaciones sobre un esquema de bomba, además de evidencias en las que planeaba su huida de España. La intervención fue grabada por el Instituto Armado, que horas después difundió imágenes de la operación a través de sus redes sociales. Varios medios de comunicación se hicieron eco de las mismas. También aparecieron en periódicos como OKDIARIO los vídeos de su declaración ante el juez.

El miembro de los CDR denunció en Sabadell al responsable del dispositivo  de la Guardia Civil llevado a cabo en septiembre de 2019 en el que se registró el laboratorio de Sabadell donde fabricaban las sustancias. Optó por victimizarse. La denuncia afirmaba que la diligencia de entrada y registro se llevó a cabo dentro de las actuaciones declaradas secretas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga la denominada Operación Judas. Sin embargo, las actuaciones secretas junto al vídeo del registro fueron publicados en la prensa, así como a través de las redes sociales oficiales de la Guardia Civil. 

La denuncia recayó en un Juzgado de Instrucción de Sabadell que remitió la misma al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid y éste abrió una investigación. El juez archivó las pesquisas el 7 de noviembre de 2019. Por otro lado, la Audiencia Nacional remitió a los juzgados cinco escritos sobre los hechos investigados por si hubiera infracción penal en los mismos.

Los juzgados de Plaza de Castilla abrieron de nuevo la investigación por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos contra varios medios de comunicación. Una vez se practicaron las diligencias, el instructor dio de nuevo carpetazo a la investigación. Fue entonces cuando Jordi Ros recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, que ratificó la decisión del magistrado instructor.

Lejos de aceptar los sendos varapalos judiciales, el CDR ha decidido recurrir en amparo al Constitucional. Para el miembro de los radicales independentistas se habrían vulnerado sus derechos constitucionales al publicarse datos secretos. La Sala Segunda va a aceptar que se lleve a estudio el caso y será en los próximos meses cuando el borrador de la ponencia se lleve a pleno y los magistrados presididos por Cándido Conde-Pumpido se inclinen por la estimación del recurso de amparo. Se podría abrir la puerta a volver a juzgar a la Guardia Civil por la difusión del vídeo.

CDR amnistiados

La previsible sentencia favorable del Tribunal Constitucional, según las voces consultadas, no va a ser la única buena noticia que tendrán los miembros de los CDR. La Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes -necesaria para lograr los apoyos necesarios para su investidura- también borrará los delitos por los que se les investiga en la Operación Judas. El juez Manuel García-Castellón les imputó los delitos de terrorismo y la Fiscalía les pedía condenadas de hasta 27 años de cárcel.

Jordi Ros y el resto de CDR procesados estaban a un paso de sentarse en el banquillo, pero pretenden ser amnistiados pese a que la Audiencia Nacional lleva años investigándoles. Según asegura ERC, la ley pactada con Sánchez incluirá «a todos los represaliados políticos» con causas penales, civiles, contables y administrativas relacionadas con el procés. Esto incluye también a los separatistas investigados por delitos de terrorismo. De este modo, si se cumplen los planes de los secesionistas, los CDR se librarán de la cárcel, al igual que el Tribunal Constitucional amparará a uno de ellos que considera vulnerados sus derechos por un vídeo que difundió la Guardia Civil a través de sus redes sociales.