El Congreso niega a Ábalos la indemnización por ser incompatible con su jubilación

El Congreso va a rechazar la petición de indemnización por cese que había solicitado José Luís Ábalos al renunciar a su escaño por estar suspendido de sus derechos tras haber ingresado en prisión por el llamado caso Koldo. El ex dirigente socialista también buscaba acogerse a la pensión de jubilación, pero sería incompatible con su situación.

Tras su renuncia, Ábalos anunció su voluntad de acogerse a la jubilación por haber sido «desprovisto» de todos sus derechos y deberes y «privado de todo ingreso y protección social».

Los diputados que dejan el Congreso tienen derecho a la llamada indemnización por cese, una suerte de prestación por desempleo que pueden cobrar siempre que no tengan otros ingresos ya sean públicos o privados. La cuantía es el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario, y en el caso de Ábalos, que fue diputado ininterrumpidamente desde abril de 2009, esta indemnización podría haber ascendido a un total superior a los 57.200 euros.

Sin embargo, en la Cámara existían dudas sobre si Ábalos conservaba o no el derecho a pedir esa indemnización por haber sido suspendido de sus derechos por la Mesa del Congreso y por la que le dejó sin cobrar su sueldo y sin poder votar.

Renuncia del acta

Un informe de los letrados concluye que efectivamente no procede conceder esa indemnización porque cuando Ábalos la pidió estaba suspendido de sus derechos, uno de los cuales es poder solicitar tal ayuda, y que tampoco la cobró ninguno de los parlamentarios suspendidos en el pasado.

Además, se recuerda que la suspensión abarca la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado y que no parece «razonable» entender que la pérdida del acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían con anterioridad.

Y, en todo caso, los servicios jurídicos subrayan que la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta del parlamentario a su ocupación profesional y, por tanto, es incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, también la pensión por jubilación.

De hecho, la indemnización se abona mes a mes, y se interrumpe cuando el beneficiario recibe otro ingreso, público o privado. «Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación, contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias», recuerdan.

Con este informe, la Mesa del Congreso formalizará este martes la decisión de desestimar la petición de indemnización de Ábalos, que precisamente esta semana será sustituido por la siguiente en la lista del PSOE de 2023 por la provincia de Valencia.

Cerdán, el último beneficiado

El último diputado que cobró la indemnización por cese fue el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien dejó su escaño el pasado mes de junio, dos semanas antes de entrar en prisión preventiva por su supuesta participación en la trama de cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública por la que también se investiga a Ábalos.

El PP intentó que la Mesa del Congreso impidiera a Cerdán percibir esa cantidad alegando que el exdiputado había ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar. Pero el PSOE y Sumar se ampararon en un informe de los letrados para concederle esa indemnización.

Los servicios jurídicos de la institución concluyeron que el ‘número tres’ del PSOE había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros por el periodo durante el que fue diputado. Cerdán la cobró durante seis meses hasta el pasado diciembre.

La diferencia con Ábalos es que Cerdán mantenía intactos sus derechos como diputado cuando abandonó el Congreso, puesto que entregó su acta antes de entrar en la prisión de Soto del Real (Madrid), de la que salió el pasado mes de noviembre.