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Tribunales

Condenan al PSOE a devolver a una trabajadora el 10% del sueldo que le recortó en 2012

El Tribunal Superior de Castilla y León confirma que debe restituirle el 10% que le rebajó en 2012

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al PSOE a devolver a una oficial administrativa de Valladolid el 10% del salario bruto que aceptó rebajarse en 2012 para conservar su empleo. Los magistrados consideran que el partido ha incumplido su compromiso de revisar ese sueldo tras las siguientes elecciones, pese a que sus ingresos han mejorado desde entonces.

La Sala de lo Social, con sede en Valladolid, ha desestimado el recurso de suplicación presentado por el partido. Su sentencia, que desvela en primicia OKDIARIO, confirma «íntegramente» el fallo dictado el 5 de diciembre de 2024 por el Juzgado de lo Social número 4 de la capital vallisoletana.

Aquella resolución fijó el salario de la trabajadora en 2.883,55 euros mensuales, con pagas extraordinarias incluidas. También obligó al partido de Pedro Sánchez a abonarle 3.460,20 euros, que corresponden a una diferencia de 288,35 euros al mes entre octubre de 2021 y octubre de 2022.

El tribunal ha impuesto además al partido el pago de las costas del recurso, por un importe de 600 euros más IVA, y la pérdida del depósito de 300 euros que consignó para recurrir. La sentencia no es firme: cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Fuentes letradas evitan responder a OKDIARIO si se ha presentado ese recurso o la resolución del Tribunal Superior castellano y leonés es ya firme.

Recorte a una empleada de 1988

La empleada trabaja para el partido desde el 6 de octubre de 1988, con contrato indefinido y a tiempo completo. El 27 de septiembre de 2012, ella y el resto de la plantilla firmaron con la dirección un acuerdo que incluía «la reducción de un 10% del salario bruto en aras de conseguir el mantenimiento del empleo».

Según los hechos probados, aquel pacto respondía a «la constante disminución de ingresos por subvenciones, cuotas y aportaciones de cargos públicos» tras las elecciones del año anterior, así como a la situación económica del PSOE de Valladolid. Como consecuencia del acuerdo, la trabajadora, que estaba incluida en el ERE federal, salió de él.

El recorte se aplicó desde la nómina de septiembre de 2012. Su retribución pasó de 2.482,30 euros mensuales en agosto a 2.234,07 euros al mes siguiente.

El documento contenía una cláusula clave. En él se hizo constar que «una vez pasadas las próximas elecciones, con repercusiones económicas para la organización provincial, las partes volverán a reunirse para tratar el tema salarial».

Esa reunión nunca llegó por iniciativa del partido. La sentencia de instancia recoge que, desde 2012, el PSOE ha obtenido en sucesivas elecciones «un importante incremento en sus resultados», con un «elevado aumento» de sus ingresos, «mejorando considerablemente la situación económica del partido».

Fue la propia trabajadora quien convocó a la empresa por escrito el 22 de noviembre de 2019. La reunión se celebró el 17 de diciembre de ese año sin acuerdo. Después vinieron dos intentos de conciliación, en 2020 y 2022, ambos sin avenencia. Tras ello, esta empleada del Partido Socialista Obrero Español se vio obligada a presentar demanda judicial el 19 de septiembre de 2023.

Sentencia clave

La magistrada de instancia tuvo en cuenta un elemento que el tribunal superior ha asumido. El 2 de agosto de 2019, el PSOE firmó con la representación de los trabajadores de la Comisión Ejecutiva Federal y del Grupo Parlamentario Socialista un acuerdo para recuperar la masa salarial perdida con el ERE.

Ese pacto benefició al ámbito estatal, «pero no en el ámbito provincial». Para la juez, ello «supone un trato desigual con los trabajadores del partido». El TSJ añade que se excluyó al personal provincial «sin que conste justificación suficiente de tal diferencia de trato».

Los magistrados también han respaldado que la situación económica debe medirse a escala nacional, no local. Debe atenderse, señalan, a la del PSOE «en su conjunto, dada la condición de empleadora de su Comisión Ejecutiva Federal».

En su recurso, el partido sostuvo que el acuerdo de 2012 sólo le obligaba a negociar, no a pagar, y que la sentencia había sustituido «indebidamente» una obligación por otra. Subsidiariamente, pidió compensar la deuda con otros conceptos salariales.

SENTENCIA DEL TSJ de Castilla y León en la que se condena al PSOE a subir el sueldo a una empleada histórica y a pagar las costas del pleito.

La Sala ha rechazado ambos planteamientos. Recuerda que, pese a las solicitudes de la trabajadora, «la demandada incumplió dicho compromiso», sin acreditar que persistieran las circunstancias económicas que justificaron el recorte.

Sobre la compensación, el tribunal subraya que el 10% se aplicó «sobre el salario bruto», por lo que no cabe descontar complementos individuales al no concurrir el requisito de homogeneidad que exige la jurisprudencia del Supremo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos García-Giralda Casas, reprocha además al PSOE y a su letrado Alberto Cachinero defectos en la formulación del recurso. Si pretendía compensar cantidades concretas, apunta, debió invocar artículos del Código Civil, y no los preceptos del Estatuto de los Trabajadores que citó.

El acuerdo de 2012 vinculaba la recuperación del sueldo al calendario electoral. Catorce años y numerosas citas con las urnas después, la reunión que prometía aquel papel se ha terminado celebrando en una sala de justicia, y no ha sido el partido quien ha tenido la última palabra.