El código ético de la Fiscalía para evitar casos como el de Stampa y Podemos se aplaza ‘sine die’

La Fiscalía General del Estado ultimaba en 2020  su primer Código Ético, como informó OKDIARIO  para evitar escándalos como el de Ignacio Stampa investigado por su connivencia con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, en el caso que pretende aclarar el supuesto robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias.

El Código Ético que impulsó la ex Fiscal General Dolores Delgado, recientemente dimitida, quería  «promover la confianza de la ciudadanía en la administración de Justicia», estableciendo «un catálogo de principios que rija la actuación y comportamiento de los fiscales».  Pretendía así regular qué pueden y qué no pueden hacer los miembros del Ministerio Público, poniendo negro sobre blanco qué conductas son aceptables en la Carrera Fiscal y cuáles no.

Este, en principio, loable intento duerme después de más dos años el sueño de los justos en los cajones de la Fiscalía General del Estado, según ha denunciado la Asociación de Fiscales (AF)

El Ministerio Fiscal  reconocía entonces, en 2018, que tenía que acometer un mayor esfuerzo en promover la autonomía e independencia respecto del Gobierno central y de las comunidades autónomas que han asumido las competencias en la Administración de Justicia.

La Asociación de Fiscales (AF) ha denunciado que esta  Comisión de Ética Fiscal todavía no se ha constituido después de que, en febrero, la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, acordara ‘sine die’ la suspensión del plazo.

A través de un comunicado, la asociación mayoritaria dentro de la carrera fiscal indica que la Comisión de Ética se encuentra «en el laberinto», dado que, desde el pasado 17 de diciembre de 2021, culminaron las elecciones para designar a seis de sus miembros y un mes después «debió producirse la convocatoria» para formarla, según las bases reguladoras del proceso electoral que precisan desde AF.

Cabe recordar que el pasado 7 de febrero, Delgado emitió un decreto en el que acordaba suspender, sin nueva fecha, el plazo para constituir la comisión con el fin de «iniciar un proceso inspirado en los principios de transparencia, publicidad y participación encaminado a recabar un elenco de personas pertenecientes al ámbito académico de la Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral a fin de poder designar al séptimo miembro de la Comisión de Ética», un nuevo órgano que velará por el código ético del Ministerio Público.

La AF llevó a los tribunales esa decisión de Delgado, presentando un recurso contencioso-administrativo por no convocar la constitución de la comisión y por suspender el plazo. La asociación reitera que sobre ese proceso aún no se sabe «nada».

El 11 de julio, Delgado dictó un nuevo decreto para levantar la suspensión del plazo, dando a los fiscales miembros la capacidad para proponer al integrante no fiscal, un movimiento que «solo ha sido útil», según AF, para «demorar» la puesta en marcha de la comisión. «Volvemos a estar donde estábamos el pasado 27 de enero», cuando recordaron a la Junta Electoral que se había pasado el plazo.

En ese decreto, la fiscal general ahora dimitida señalaba que solo una persona externa a la carrera fiscal se había postulado a formar parte de la comisión. Se trata de Amelia Valcárcel, de «indiscutida formación y valía profesional» por su cátedra en Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y por su experiencia en el Consejo de Estado.

En este sentido, AF apunta al jefe de la Secretaría Técnica y candidato a relevar a Delgado como fiscal general, Álvaro García Ortiz, que en el decreto se dirigía a los decanos universitarios de Filosofía del Derecho, que «no existen como categoría propia».