Coalición Canaria condiciona su apoyo a Rajoy al régimen fiscal, el empleo y la energía

Coalición Canaria reiteró este sábado que condiciona el sí «definitivo» a la investidura de Mariano Rajoy a que el PP acepte sus demandas respecto al Régimen Económico y Fiscal (REF), el empleo y las energías alternativas, y a que en el acuerdo con Ciudadanos no se perjudique a los cabildos insulares.

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que ésta es la postura del consejo político nacional de los nacionalistas canarios respecto a las negociaciones emprendidas con el PP para apoyar la investidura de Rajoy en la nueva sesión que comenzará el 30 de agosto en el Congreso de los Diputados.

El dirigente canario señaló que a lo largo de este fin de semana proyecta reanudar los contactos con el PP para perfilar aquellos aspectos del acuerdo ya avanzado sobre los que los nacionalistas canarios desean «que se mejore la redacción».

En concreto, Barragán especificó que en las negociaciones entre CC y PP desarrolladas esta semana se ha avanzado «bastante» en un documento de trece puntos, pero los nacionalistas quieren que se plasme «una mejora significativa» de la redacción final en relación con el Régimen Económico y Fiscal (REF), el empleo y las energías alternativas.

En cuanto a la cuestión laboral, el PP acepta que se reanude el Plan Integral de Empleo para Canarias vinculado a la formación pero «se resiste» a la solicitud de CC de que «se refuerce» con su inclusión en las leyes estatales y que se aluda a la condición de región ultraperiférica del archipiélago y su desfavorable situación en cuanto a la alta tasa de paro. También ha pedido CC que se mejore la redacción del acuerdo en lo referente a las energías alternativas y los costes derivados del autoconsumo en el archipiélago.

Además, Barragán insistió en que CC deberá conocer el acuerdo que alcancen PP y Ciudadanos para tener plenas garantías de que no se incluye ningún aspecto contrario a Canarias y específicamente, ninguna demanda relacionada con las diputaciones provinciales que pueda suponer un perjuicio para los cabildos.