Cirugía de urgencia para desalojar a los golpistas

El 155 en boca de Sánchez no es más que una amenaza. Tiene miedo a aplicarlo. Por dos razones: la primera, política, la más trascendente, porque eso rompería toda su relación con los partidos independentistas a los que necesitará de nuevo para seguir aposentado en La Moncloa; la segunda, de orden parlamentario y técnico, porque los técnicos difieren sobre la legalidad de que un Senado disuelto, con sólo una Diputación Permanente en funciones, puede aprobar la aplicación de esta norma que -hay que recordar el dato- no suspende la autonomía, sino que únicamente «adopta las medidas necesarias para obligar a que una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones».

La opinión mayoritaria es favorable a la capacidad legal del Senado, incluso las consultas que se han derivado al Tribunal Constitucional (las han librado más el PP y Ciudadanos que el propio Gobierno, lo que da idea de cuál es la predisposición de Sánchez) no niegan, ni mucho menos que el Senado pueda pronunciarse favorablemente. Sin embargo, los letrados sí mantienen una leve duda, ya que este famoso Artículo que habla de «la mayoría absoluta del Senado», no prevé que una disposición así pueda ser tomada por la mayoría absoluta de la Diputación Permanente. Como dice un constitucionalista: «Si los padres constituyentes hubiera querido ofrecer esta posibilidad la hubieran inscrito palmariamente».

La objeción no es moco de pavo porque, con toda seguridad, los abogados de los golpistas recurrirían al Tribunal de Estrasburgo y allí ya se sabe cómo se las gastan; hay una larga tradición de sentencias dedicadas a rectificar a los tribunales españoles de los que Estrasburgo no es precisamente muy amigo. Por todas estas razones, el PP no se está gastando en arrear el lomo de Sánchez  y ponerle en la disyuntiva de «O 155 nada». No; Casado y su equipo jurídico ofrecen una solución menos problemática: no solo la aprobación para Cataluña de la Ley de Seguridad Nacional, sino de otras que, al tiempo, no supondrían la suspensión autonómica, sino el control  efectivo  de la gestión de la Generalitat. Por ejemplo, la ley presentada por el  PP de Seguridad Nacional, cuya aprobación quedaría sólo en manos del Gobierno, una vez oído, eso sí, el Consejo de Seguridad Nacional.

Esta Ley, para ser efectivas en sus resultados, debería llevar parejas otras igualmente importantes como la de Acción Exterior, que no cerraría las «embajadas piratas» de los secesionistas, pero sí las pondría al mando el Estado; la Ley General Penitenciaria, que permitiría al Ministerio del Interior acabar con la corrala en que se han convertido las cárceles catalanas; la Ley General de Educación, que reforzaría la ansiada Inspección General del Estado; la Ley Presupuestaria, que garantizaría la estabilidad financiera y la revisión de las cuentas de la Generalidad y, finalmente, la Ley Audiovisual, que impediría que la Radio y Televisión catalanas sigan siendo el altavoz propagandístico de la rebelión separatista.

La rebelión debe ser cortada por lo insano. Los sediciosos -lo han dicho incluso en el propio Parlamento de la Nación- se creen inmunes. Son delincuentes y encima chulos. El Estado no puede tolerar más este toreo. Tiene armas y cirugía suficientes para sacar a los matadores del ruedo. Están dichas. Que proceda al desalojo de los golpistas.