Cinco de los siete jueces que han condenado a Ábalos también sentenciaron a los ministros Rato, Matas y a la Gürtel del PP

La izquierda, incluido el Gobierno de Pedro Sánchez, carga ahora contra los magistrados que han dictado la sentencia contra el ex ministro José Luis Ábalos cuando hace unos años los aplaudieron por sus sentencias contra la trama Gürtel del PP, y por condenar a los ex ministros populares Rodrigo Rato y Jaume Matas.

Un hecho que desmonta una vez más los alegatos de la izquierda, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de los magistrados cada vez que las resoluciones que dictan no son favorables a sus intereses, como también ha ocurrido con el juez Juan Carlos Peinado por llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa de Sánchez; la magistrada Beatriz Biedma por enviar al banquillo al hermano del presidente, David Sánchez; o el tribunal que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por la filtración.

El Ejecutivo ha tildado de «durísima» la condena de 24 años impuesta a Ábalos y ha criticado que el empresario Víctor de Aldama «se vaya de rositas», en alusión a que el Supremo haya suspendido la ejecución de la pena de cuatro años y medio de cárcel «por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad».

En este sentido se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha ironizado con la «aleccionadora» sentencia del Supremo por el «perdón» para Aldama. «¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora», ha publicado en redes sociales.

Además, Puente ha comparado la condena de Ábalos con la de la asesina de Isabel Carrasco, presidenta del PP en Castilla y León.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también se ha mostrado «sorprendida» de que Aldama se libre de la cárcel. «Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida», ha dicho, subrayando que «no puede haber impunidad para quienes roban a las arcas del Estado».

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz nacional del PSOE y portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez, quien ha defendido que quien cometa delitos «pague» ante la Justicia, pero cuestiona la suspensión de la pena al comisionista Víctor de Aldama. Afirma que ha ocurrido «porque así lo pidió el PP». «¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo», ha añadido.

Previamente, Mínguez también había cargado contra el juez del caso Begoña Gómez. «Peinado ha citado a Begoña el mismo día de la comparecencia del presidente en el Congreso. Socialistas sí, ingenuos no», ha indicado, intentando manchar el trabajo del magistrado. En días anteriores también había tildado de «delirante, obsesiva y vergonzosa» su decisión de abrir juicio oral a Gómez y ha llegado a denunciar una agenda judicial acelerada en los casos contra el PSOE para que el Gobierno «caiga antes del verano».

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que el tribunal que ha condenado a Ábalos no es neutral. «Sabemos que el árbitro no es neutral, lo sabemos los independentistas que lo hemos padecido en nuestras carnes», ha declarado en alusión a la sentencia del caso procés, por la que también fueron crucificados los magistrados.

La sentencia del caso mascarillas, dictada por unanimidad, la firman los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente y ponente), Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena Gómez, Andrés Palomo Del Arco, Susana Polo García, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Javier Hernández García.

Condena del caso Gürtel-Fitur

Dos de estos magistrados, Martínez de Arrieta y Palomo del Arco, también condenaron el caso Gürtel-Fitur, que fue el primer juicio a la trama. Además, el ponente de la resolución fue precisamente Martínez Arrieta. 

Aquel fallo, dictado en mayo de 2018, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que condenó a penas de entre 3 y 13 años de cárcel a 11 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para la feria de turismo FITUR en las cinco ediciones que van desde 2005 a 2009.

Entre las condenas destacan los 13 años y 3 meses de prisión para Pablo Crespo; 13 años para Francisco Correa; y 12 años y 3 meses para Álvaro Pérez, los tres considerados cabecillas del entramado Gürtel, así como los 9 años de prisión impuestos a la ex consejera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez.

Fue la primera causa relacionada con la trama Gürtel que obtuvo sentencia firme del Supremo. El Alto Tribunal desestimó los recursos de casación de los once condenados y sus penas quedaron ratificadas.

El Supremo confirmó que Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, a los que se suma el de falsedad documental en el caso de Crespo. Además, sentenció que la ex consejera Milagrosa Martínez cometió malversación de caudales públicos, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Entre otras multas, a Correa, Crespo y Pérez se les impuso que abonaran 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias, y que junto a otros cinco condenados indemnizaran de forma solidaria a la Generalitat valenciana con 271.636 euros.

Condena a Rato por las ‘black’

Andrés Palomo Del Arco también fue uno de los magistrados del Supremo que en octubre de 2018 confirmó la condena de Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y Hacienda entre 1996 y 2004 y ex presidente de Bankia, a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas black de Caja Madrid. 

El tribunal ratificó las líneas maestras de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en este asunto y confirmó la comisión del delito de apropiación indebida por otros 63 ex directivos y ex miembros del Consejo de Administración de la Caja, que se beneficiaron de estas tarjetas cuya operativa era opaca a Hacienda.

La resolución estableció como responsabilidad civil la devolución por los acusados de más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas. De ellos, 9,3 millones se gastaron en la etapa de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid y 2,6 millones cuando el presidente de dicha entidad o Bankia era Rato.

Ambos fueron condenados a responder civilmente de forma solidaria por las cantidades gastadas durante sus mandatos, que fueron de enero de 2003 a enero de 2010, en el caso Blesa, y de febrero de 2010 a mayo de 2012, en el caso de Rato.

Condena a Matas

El magistrado Manuel Marchena también formó parte del tribunal que en julio de 2013 condenó al popular Jaume Matas, ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente balear, por el caso Palma Arena.

El Supremo absolvió al político de los delitos de malversación y prevaricación que le había impuesto la Audiencia Provincial de Palma, pero confirmó la condena de nueve meses y un día de prisión por tráfico de influencias, así como una multa de 6.000 euros y su inhabilitación para cualquier cargo electivo durante cuatro años y medio.

La Audiencia de Palma condenó a Matas por beneficiar con dinero público al periodista que escribía sus discursos y le asesoraba, a través de la empresa Nimbus, por un total de 200.000 euros. También influyó para beneficiarle con una subvención de 450.000 euros destinada a la creación de una agencia de noticias.

Hasta 51 años por la Gürtel

Además, en octubre de 2020 los magistrados Susana Polo y Eduardo de Porres, junto a sus compañeros Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García y Andrés Palomo Del Arco, ratificaron las penas de hasta 51 años de prisión para los procesados en el caso Gürtel.

Así, Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, fue sentenciado a 51 años de cárcel; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, a 40 años, Pablo Crespo, el número dos de la trama, a 36 años y 8 meses; Luis Bárcenas, gerente y después tesorero del PP, a 29 años; y su mujer, Rosalía Iglesias, a 12 años y 11 meses. El listado de condenados ascendió hasta un total de 29.

En aquella sentencia de la denominada primera época de la Gürtel, que abarca el periodo 1999-2005, el Supremo confirmó en líneas generales la dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018. De hecho, algunas de las penas fueron elevadas por el Alto Tribunal al castigarse de forma separada el fraude y la malversación que fueron cometidos en concurso de delitos, tal como pidió la Fiscalía en su recurso, a quien también se estimó la elevación de la cuantía de determinadas multas.

En dicha sentencia, dictada por unanimidad, el Supremo confirmó la comisión de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida o exacciones ilegales.

Otros magistrados atacados

En la lista de los magistrados atacados por la izquierda política y social también se encuentra, entre otros, Manuel García-Castellón, magistrado emérito de la Audiencia Nacional, quien sufrió ataques en el ejercicio de su profesión a raíz de elevar exposición razonada al Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina.

Recientemente, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido condenada a indemnizar con 9.000 euros a este magistrado por insultarle. Por llamarlo «corrupto» y «prevaricador».

Unas palabras que vertió Belarra en redes sociales el 2 y 20 de septiembre de 2024 y que «constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor» del magistrado jubilado, según ha sentenciado el Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid, imponiendo a Belarra que indemnice a García-Castellón por daño moral.

Además, este lunes, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, también ha llegado a decir que «si la Justicia funcionase» el juez Peinado o García-Castellón «estarían en la cárcel o al menos fuera de la carrera judicial».

El magistrado Celso Rodríguez Padrón, nuevo miembro de la Sala de lo Militar del Supremo y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también sufrió ataques de políticos y ciertos medios de comunicación tras la condena a Isabel Serra (Podemos) de un año y siete meses de cárcel por un delito de atentado.

Celso Rodríguez alzó la voz reivindicando una Justicia «sin injerencias ni presiones», al igual que hizo García-Castellón, así como muchos otros jueces y magistrados están haciendo actualmente para denunciar el linchamiento que sufren sus compañeros.

Además, a jueces y fiscales les preocupa que los ciudadanos «pierdan el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta».