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El chiringuito extremeño del PSOE: otro cargo clave de Sánchez enchufó a su marido a los 3 meses de casarse

El núcleo más cercano a Pedro Sánchez en la cúpula del PSOE montó un chiringuito de enchufes familiares por medio de una empresa pública extrema. La última incorporación a este chiringuito fue la del recién casado marido de Belén Fernández, alto cargo directo de Sánchez en la Ejecutiva del PSOE. A los tres meses de casarse, como si se tratase de una dote, el marido fue enchufado en Gisvesa.

Una empresa pública donde ya han aparecido 19 cargos directos regionales y locales del PSOE; el hermano del portavoz de Exteriores en el Congreso; y, ahora, el marido de una de las personas incorporadas personalmente a la Ejectuva del PSOE por Pedro Sánchez: Andres Licerán, concejal del PSOE en Cáceres, contratado como administrativo en Gisvesa desde agosto de 2016, y casado desde mayo de 2016 con Belén Fernández, también concejala en el ayuntamiento de Cáceres, secretaria local del PSOE y miembro del máximo órgano nacional de los socialistas, la Ejecutiva federal del PSOE.

Belén Fernández el día de su boda.

Belén Fernández es, de hecho, la secretaria ejecutiva de Cooperación al Desarrollo, una de las carteras de mayor auge dentro del Partido Socialista.
El marido fue contratado en Gisvesa sólo tres meses después de casarse. Todo un regalo de bodas que ha provocado ya que el PP haya solicitado la creación de una comisión de investigación por el escándalo Gisvesa.

Hay que recordar que, tal y como adelantó OKDIARIO, otro de los enchufados allí es Ventura Sánchez Amor, contratado en la empresa como auxiliar administrativo. Ventura es el hermano de una de las personas más influyentes en el área de Exteriores del equipo personal del secretario general de los socialistas: Ignacio Sánchez Amor, diputado y portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Socialista en el Congreso.

Los ‘populares’ extremeños hablan ya de un gran escándalo de «enchufismo socialista». Y, lo cierto, es que la magnitud del caso justifica el calificativo.
La empresa pública Gisvesa figura a cierre de 2017 en una situación de «quiebra» con un «agujero económico» que es un 330% superior al del ejercicio pasado. El PP ha solicitado hasta en seis ocasiones a la Junta de Extremadura, concretamente a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que informe de las contrataciones, encargos y encomiendas de gestión que se han estado realizando a Gisvesa.

Veintiún socialistas enchufados

Y el resultado ha sido siempre el mismo: ni una explicación. Ni una respuesta. Entre los nombres de la lista de «excargos socialistas” y «amiguetes» como los ha calificado el portavoz del PP Sánchez Juliá, figura Francisco Saavedra Santos, exdiputado autonómico; Concepción Cáceres, concejala en Talayuela; Vanessa Macías, primera teniente de alcalde en Navas del Madroño; José María Paredes, coordinador de IS-PSOE en Mérida; José Antonio Pajuelo Casado, concejal en Badajoz; Noelia Durán Galapero, exjefa de gabinete de la Consejería de Presidencia; Juan Carlos Jiménez Parejo, concejal en Zorita; Andrés Licerán González, concejal en Cáceres; Ana Isabel Pérez, exalcaldesa en Valverde del Fresno y hermana de la diputada Eva Pérez; o Javier Sevilla de la Montaña, exjefe de gabinete de Carmen Heras, entre otros. Y todos ellos, no justificados legalmente como «puestos de personal de confianza», sino como contrataciones puras y duras en una empresa pública que el Tribunal de Cuentas señala que «deben regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

El PSOE, por si fuera poco, pretende inyectar 1,6 millones de euros de urgencia para evitar la quiebra de la empresa pública extremeña que ha reventado con sus enchufes.

El plan de los socialistas pasa por un rescate de la empresa en toda regla. La medida la trasladaron de urgencia en plenas Navidades –el 29 de diciembre– a través de una enmienda a los Presupuestos regionales a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Y en la que se puede apreciar como los socialistas tienen preparado un vaciado de partidas entre las que figuran, por ejemplo, dotaciones para “rehabilitación y mantenimiento de viviendas de promoción pública”, con el fin de conseguir fondos con los que tapar el agujero financiero de la compañía pública Gisvesa.

El objetivo final no es otro que evitar que lo que ya es un escándalo de enchufismo acabe convertido, además, en un caso de hundimiento de una empresa por culpa, precisamente de la lista de colocados políticos que allí aparece, algo que convertiría en imparable el escándalo y que podría provocar, incluso su posible judicialización.

Por si fuera poco, esta enmienda deberá contar con el voto de Podemos, apoyo del PSOE en el Gobierno regional, para poder ser aprobada.