El CGPJ impide a una cargo del Govern participar en una reunión por no quitarse un lazo amarillo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impedido hoy a la directora general del departamento de Justicia Montse Muñoz participar por videoconferencia en una reunión con comunidades autónomas sobre cláusulas suelo por negarse a quitarse un lazo amarillo de la solapa.

Según ha confirmado Efe, en la reunión, celebrada en Madrid y a la que estaban convocados representantes de las doce comunidades autónomas con competencias en justicia, el CGPJ ha vetado a Muñoz después de solicitarle telefónicamente que se quitara el lazo amarillo, con el fin de garantizar la «neutralidad» del encuentro.

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha remitido una carta al presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, a la que ha tenido acceso Efe, para manifestar su «perplejidad e incredulidad por la discriminación por motivos ideológicos» que, en su opinión, ha sufrido la representante de la Generalitat y exigir una «rectificación inmediata».

En declaraciones a Efe, Capella ha calificado de «intolerable» la actitud del CGPJ, ya que cree que con su actuación de hoy ha vulnerado derechos y libertades de los ciudadanos y ha demostrado que el poder judicial «ha desconectado de Cataluña».

«Una vez más nos vemos menoscabados en nuestros derechos por quienes los tendrían que defender», ha denunciado Capella, que ha asegurado que no se esperaban esta reacción por parte del Consejo: «No podemos tolerar actitudes que busquen humillar y menoscabar derechos y libertades de la ciudadanía».

Capella ha recordado que la representante de la Generalitat que tenía que intervenir en la reunión es un cargo de confianza político que representa a un «Govern netamente independentista» y que lucía el lazo amarillo para denunciar la situación política que vive Cataluña, «con presos políticos».

A la reunión, presidida por Lesmes y que tenía por objetivo abordar el colapso en los juzgados por la avalancha de demandas de cláusulas suelo, han acudido representantes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias en la materia a excepción de la Generalitat, que acordó que participaría por videoconferencia la directora general de Modernización de la Administración de Justicia, Montse Muñoz.

Una vez se había efectuado la conexión por videoconferencia desde la reunión del CGPJ, en que era visible la imagen de la directora general y la subdirectora que la acompañaba, un responsable del gabinete de Lesmes ha llamado telefónicamente al departamento de Justicia y ha advertido de que Muñoz debía quitarse el lazo amarillo que llevaba en la solapa.

Según fuentes del departamento de Justicia, en total han sido tres las llamadas telefónicas recibidas desde el CGPJ para instar a la directora general a quitarse el lazo y, ante la negativa de ésta a hacerlo, han acabado desconectando la videoconferencia.

Un portavoz del CGPJ consultado por Efe ha precisado que, en dichas llamadas, se ha pedido a la conselleria que su representante no llevara el lazo amarillo, al entender que se trataba de un encuentro «técnico» en el que era importante garantizar la «neutralidad», por lo que resultaba improcedente lucir cualquier tipo de símbolo con significación política, especialmente con un proceso judicial todavía abierto.

Ante la negativa de la directora general, el CGPJ ha decidido que no debía participar en la reunión mientras luciera el lazo amarillo en la solapa, ha añadido el portavoz.

En su carta remitida a Lesmes, la consellera considera «inadmisible» que se haya impedido a la Generalitat participar en una reunión que pretendía «resolver los problemas de la ciudadanía y mejorar el servicio público».

«La voluntad de diálogo y de colaboración del Govern es incuestionable», subraya Capella en su misiva, en la que insiste: «Voluntad de diálogo toda, voluntad de dejarnos humillar, nunca».

La consellera exige a Lesmes una «rectificación inmediata» y le reprocha que su «actuación partidista» de hoy «se suma a la decisión de obviar las injurias y muestras de odio por motivos ideológicos expresados por jueces y magistrados en el foro del Consejo General del Poder Judicial».

«Una rectificación ayudaría a defender la ya perjudicada reputación de jueces y magistrados que actúan con la máxima profesionalidad sin interferencias ideológicas», añade la consellera.

En la carta, Ester Capella recuerda a Lesmes que la obligación del poder judicial es proteger «el ejercicio de derechos fundamentales, en lugar de impedirlos».