Los CDR difunden datos personales de los magistrados que juzgarán a los detenidos por los disturbios

Como en los peores años de plomo de la banda terrorista ETA, los CDR utilizan medios de comunicación afines a la causa separatista catalana para poner en la diana a los magistrados encargados de investigar y procesar a los detenidos por los disturbios de Barcelona.

Tres jueces «españolistas» de «perfil, bastante controvertido» han sido identificados con nombre, apellidos y etiquetados por su supuesta ideología en el digital Vilaweb, tras haber decretado prisión provisional para una treintena de los acusados -por atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, daños y lesiones- que participaron en los actos violentos de la ciudad Condal.

Se trata de los magistrados Beatriz Balfagón , titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona; Eva Molto Guardiola, al frente del juzgado de instrucción número 20; y, Jaime Conejo Heredia, titular del juzgado de instrucción número 16 de la capital catalana.

Una ‘reaccionaria’

Los CDR califican a Balfagón como una magistrada de «posición reaccionaria» por su sensibilidad «contraria al movimiento independentista» catalán.

La juez fue una de las responsables de decidir sobre la situación de tres de los doce detenidos, in fraganti, el pasado sábado 19 de octubre en Barcelona, durante los altercados posteriores a la huelga general convocada en Cataluña para protestar contra la sentencia del ‘procés’. Entre ellos, una joven del barrio de Sants que acusó a la policía de golpearla durante su detención y amenazarla «con un cúter» cuando los agentes la custodiaban «en la comisaría».

Balfagón decretó para ella prisión provisional, una vez le hubo tomado declaración. Lo hizo, aseguran los separatistas «con una cinta en el cuello» -la que habitualmente utilizan todos los funcionarios públicos en sus puestos de trabajo para portar su acreditación- «de los colores de la bandera de España». Motivo suficiente para que la magistrada se haya convertido en persona non grata para los separatistas radicales.

A favor de la Policía

Tampoco escapa de la criba de los CDR la titular del juzgado de instrucción de Barcelona número 20 de Barcelona, Eva Molto Guardiola. Su ‘pecado’: ser la primera en enviar preventivamente a la cárcel, comunicados y sin fianza, a cuatro de los implicados más violentos en las protestas orquestadas contra el fallo del Tribunal Supremo que condenó a los líderes separatistas catalanes por sedición y malversación.

«Los hechos presuntamente perpetrados por las personas detenidas constituyen acciones dirigidas a impedir la ejecución de una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo, con la comisión de actos ejecutivos que inicialmente cumplen los requisitos de los tipos penales» de desórdenes públicos, atentado y lesiones, sostuvo Molto en su Auto motivado de prisión provisional, apoyada en el escrito provisional de la Fiscalía provincial.

Sin embargo, para los activistas del separatismo catalán, la magistrada debe ser identificada por haber «querido llevar a juicio a los directores de la revista satírica ‘El Jueves’». ¿El motivo? Las insinuaciones sobre los comportamientos poco saludables de los miembros de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP) destinados en Cataluña durante el otoño de 2017 -en el marco de la ‘Operación Copérnico’- que el medio reflejó en un polémico tuit:

Un ‘españolista’

El magistrado Jaime Conejo Heredia es un viejo objetivo de los afines del ‘procés’ porque se encargó de la instrucción de la causa judicial contra los acusados por preparar la celebración del referéndum ilegal del 1-O tras sustituir, provisionalmente, al fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Conejo Heredia es un «españolista» que «borró de su Facebook algunas publicaciones» en dicho sentido cuando el entorno de los CDR identificó su perfil personal y publicó capturas de los contenidos de su muro en la conocida red social.

Aunque el magistrado revisó los recursos de las defensas de varios de los miembros de la ‘kale borroka’ independentista catalana, encarcelados horas antes por su compañera Balfagón, y decretó su puesta en libertad provisional, les prohibió asistir a futuras y eventuales concentraciones públicas, manifestaciones o actos de protesta.

Conejo considera en sus pronunciamientos jurídicos que dichas movilizaciones son, en realidad, graves «incidentes tumultuarios» que perturban severamente  «la tranquilidad ciudadana y el orden público». Para ello, el juez catalán se apoya en uno de los principales argumentos contenidos en la sentencia del ‘procés’ para condenar a los líderes separatistas catalanes -de JxCat y ERC- por sendos delitos de sedición y malversación.