Los fugados Puigdemont y Ponsatí recusan a cinco magistrados que los juzgarán en el Supremo

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, y la ex consejera Clara Ponsatí, también huida, han presentado este martes un incidente de recusación contra cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo designados para enjuiciar la causa abierta por el proceso separatista al considerar que la imparcialidad no está garantizada.

La defensa de estos dos procesados por el delito de rebelión, Jaume Alonso Cuevillas, ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal en el que alega que los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral deben ser apartados del tribunal porque no juzgarán con la necesaria «imparcialidad».

El propio Cuevillas ya en reiteradas ocasiones ha cuestionado la «independencia e imparcialidad» del Supremo, entre otras cosas, por las «peculiares soluciones adoptadas para garantizar, formalmente, el derecho a la doble instancia procesal en la causa con aforados». «No son el cauce más idóneo para garantizar la pregonada imparcialidad», insiste la defensa de Puigdemont en su escrito.

Otras recusaciones

Otros de los procesados en esta causa también han registrado en los últimos días escritos en el mismo sentido. El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el ex consejero Raül Romeva pidieron este lunes que estos cinco magistrados fueran apartados del tribunal porque ya «han tomado decisiones que comprometen su imparcialidad» en el caso.

El incidente de recusación presentado por Junqueras y Romeva recuerda que esta causa tiene un componente político indiscutible y la ideología de los jueces «podría llegar a suponer una barrera» para dictar sentencia.

Unos días antes fueron el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y los exc onsejeros Jordi Turull y Josep Rull los que recusaron a los mismos magistrados, salvo a Del Moral. Según dicen, éstos cuatro jueces admitieron a trámite la querella presentada por la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 —que dio inicio a la causa— y, señalan, que aunque intentaron «no valorar de modo explícito la relevancia penal de los hechos relatados por el Ministerio Fiscal, inevitablemente para dictar dicha resolución se tuvieron que efectuar valoraciones jurídicas».

Además, afirman que estos magistrados «se han mantenido en permanente contacto y colaboración profesional» con el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, durante toda la investigación, por lo que deducen que en este tiempo han tenido «ocasión para comentar los pormenores de un procedimiento con tanto revuelo mediático y político como el presente».