Brutal agresión de un magrebí a tres funcionarios de prisiones en el centro penitenciario de Puerto 3 (Cádiz)

Un magrebí ha agredido este jueves a tres funcionarios de prisiones en el centro penitenciario de Puerto III, en el Puerto de Santa María (Cádiz). En sólo una semana, este sujeto ha atacado a siete funcionarios de prisiones. En el último brutal suceso cargó contra ellos con patadas y puñetazos, causando a uno una fisura en la costilla y a otro contusiones por todo el cuerpo.

Ha sido la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) la que ha dado la voz de alarma a OKDIARIO, denunciando estos «graves hechos».

Según informa, este interno, que responde a las iniciales de H. S. y estáclasificado en primer grado –régimen cerrado–, se autolesionó produciéndose varios cortes en el cuerpo. Cosa que ya había hecho el día anterior y fue sanado por los servicios médicos.

Ante las nuevas lesiones, los funcionarios acudieron a su celda a ver el estado de sus heridas y trasladarlo al departamento de enfermería. En el preceptivo cacheo, sobre las 13.30, observaron que el interno ocultaba algo en su mano izquierda. Y ante el requerimiento de los funcionarios de que entregara lo que tenía en la mano, «súbitamente, con gran agresividad, éste se abalanzó sobre ellos y empezó a golpearlos con puñetazos y patadas», cayendo al suelo bruscamente todos».

Con mucho esfuerzo, finalmente lograron reducirlo. Los funcionarios de prisiones iban debidamente protegidos por el equipo de protección, lo que ha evitado mayores lesiones. 

La anterior agresión a manos de este sujeto se produjo el pasado 29 de mayo, cuando intentó atacar con un tenedor a dos funcionarios. La intervención inmediata de los trabajadores que se encontraban de servicio permitió controlar la situación y evitar consecuencias más graves. No obstante, dejó a cuatro funcionarios heridos, uno de ellos de gravedad.

La APFP también pone el foco en que se están produciendo agresiones de internos que son inmigrantes ilegales y exige que estos sujetos sean deportados a su país. En este caso de Puerto III, se desconoce si es ilegal.

«Los internos ilegales que agreden al personal penitenciario deben ser llevados a cárceles de su país de origen de inmediato, porque aquí lo único que están haciendo es daño, no están intentando llevar una vida ordenada», sostienen desde esta asociación.

Se disparan las agresiones

Además, Gonzalo Arboledas, presidente de la APFP, denuncia que «la política buenista» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska» de reducir los clasificados en primer grado «ha disparado la espiral de violencia en las prisiones». Marlaska ha favorecido al 63% de los presos más conflictivos sacándolos del régimen de aislamiento, como ha informado OKDIARIO. Además, las agresiones sexuales a las funcionarias se han triplicado en tres años, como reciente también ha revelado este diario.

Los funcionarios de prisiones denuncian que debido a esta política de reducción de internos en primer grado, en las prisiones españolas «reina la impunidad» y han aumentado las agresiones a los funcionarios de prisiones. En total, desde 2010 se han registrado más de 5.800 agresiones.

En concreto, con Marlaska como ministro se han producido 223 agresiones físicas en 2018, 223 en 2019, 176 en 2020, 159 en 2021, 453 en 2022, 508 en 2023, 504 en 2024 y 529 en 2025, de las cuales 29 se produjeron en el centro penitenciario de Puerto III,  una de ellas con lesiones muy graves.

La APFP también denuncia que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior «quieren vender a la sociedad la reinserción», cuando, de acuerdo a los datos de reincidencia, en más de un 45% no lo están logrando. Y afirma que «en base a esa reinserción que quieren vender a toda costa, se han enfocado única y exclusivamente en el tratamiento y han dejado de lado, completamente, la seguridad, el buen orden y la convivencia».

«Cada vez hay más agresiones y menos respeto al ordenamiento jurídico y a la figura del funcionario de prisiones, que carece de la condición de agente de la autoridad», critica Arboledas, señalando que «por fin», el próximo 11 de junio será debatida en el Congreso de los Diputados la propuesta de ley de condición de agente de autoridad para el personal penitenciario. 

Las medidas necesarias 

La APFP reclama al Ministerio del Interior un Estatuto propio para los funcionarios de prisiones, el reconocimiento de profesión de riesgo, y la condición de agente de autoridad.

Asimismo, exige «la adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI, con la aprobación de pistolas táser, y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios y así minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios».

Además, reivindica la equiparación salarial respecto a los funcionarios de prisiones de  Cataluña y País Vasco. «Igual trabajo, igual salario», sentencia.