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Bolaños impone «confidencialidad» a quienes digitalizan los archivos de los indultos del 1-O y los ERE

Presidencia exige confidencialidad total a los empleados que trabajen con las notas de esos expedientes

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, ha contratado a una empresa experta en gestión de archivos para digitalizar todos los expedientes de indultos concedidos por los gobiernos de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Entre ellos, los de los golpistas catalanes del 1-O y los de los ERE, que tendrán prioridad en el proceso. Estos expedientes incluyen toda la documentación y notas que rodean a la concesión del derecho de gracia, por lo que Bolaños exige confidencialidad total a los trabajadores.

La División de Derechos de Gracia y Otros Derechos, el órgano encargado de tramitar y gestionar los indultos que concede el Gobierno de Pedro Sánchez, tendrá próximamente todos los expedientes y documentos relacionados con esos indultos plenamente digitalizados. Incluidas las notas que son confidenciales.

El ministerio de Bolaños ha contratado por cerca de 40.000 euros a la empresa Normdata para esta tarea, a la que ha exigido un férreo compromiso de confidencialidad mediante la firma de documentos de responsabilidad a los trabajadores que actúen en el escaneado. «Es imprescindible que la empresa contratista para prestar la ejecución de este servicio garantice la confidencialidad de la información y seguridad de la documentación en el proceso de la digitalización».

«La empresa adjudicataria quedará obligada a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a terceros», insiste el ministerio.

El objeto de la digitalización es «la documentación de cada fase de la tramitación en cada procedimiento, y a su vez, generan diferentes subexpedientes temporales que forman parte de los expedientes matriz».

Se trata, en conjunto, de 300 subexpedientes que suman 28.000 páginas. Entre ellos, hay 7 que superan las 1.000 páginas de extensión, casi con total seguridad los del golpismo catalán.

«La conservación permanente de la documentación de los expedientes aconseja que se evite su manipulación. De ahí que se quiera acometer la digitalización de los subexpedientes tramitados desde 2012, incorporándolos a los sistemas informáticos que los gestionan», explica Presidencia en la documentación del contrato.

En una primera fase, «la digitalización de los subexpedientes abarcará los resueltos desde 2021 hasta la actualidad, porque son los que todavía no se han transferido al Archivo del Ministerio y se encuentran físicamente en la División». Ahí se incluyen los más polémicos de toda la democracia, los otorgados a los once golpistas del 1-O a cambio del apoyo político del independentismo al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Indulto total» a Junqueras

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo un informe sobre la posibilidad de conceder un indulto a Oriol Junqueras, ex líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, respecto a su pena de inhabilitación, según ha informado El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas.
La solicitud llegó a la cartera dirigida por el ministro Félix Bolaños el pasado 4 de julio, apenas tres días después de que el Tribunal Supremo decidiera que el delito de malversación de caudales públicos en el contexto del procés no podía ser amnistiado.
El proceso de solicitud de indulto puede iniciarse por el propio condenado o por cualquier otra persona a su favor. Una vez recibida la petición, el Ministerio de Justicia está legalmente obligado a tramitarla, lo que incluye recabar una serie de informes antes de que el Consejo de Ministros decida si concede o no el indulto y en qué términos.
Uno de estos informes debe ser solicitado al tribunal que dictó la sentencia, en este caso, el Tribunal Supremo, que en febrero de 2023 confirmó la pena de inhabilitación de 13 años para Junqueras al revisar su condena tras la reforma del delito de malversación y la eliminación de la sedición.
Es importante recordar que, aunque el Gobierno concedió indultos en 2021 que eliminaron la pena de prisión de Junqueras, se mantuvo la inhabilitación. Por lo tanto, aunque fue amnistiado, Junqueras seguiría sin poder ocupar un cargo público hasta 2031.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”