El Ayuntamiento deniega a Podemos la legalización del sistema de aire acondicionado de su nueva sede
El Consistorio le permite seguir usando la segunda planta levantada ilegalmente pero no los aparatos de climatización
Podemos gasta 1,3 millones en reformar su megasede, más del doble de lo que anunció
El Ayuntamiento de Madrid ha denegado a Podemos la legalización del sistema de aire acondicionado que está instalado en su nueva sede de la calle Francisco Villaespesa. En un informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Consistorio advierte al partido morado de que no ha acreditado que cumple con lo establecido por la Ley del Suelo.
Como desveló este periódico, los anteriores dueños del inmueble hicieron obras ilegales y levantaron la segunda planta sin ningún tipo de licencia. Hace unos meses, el partido de Pablo Iglesias pidió la prescripción de estas irregularidades.
Ese nuevo piso constituye una «infracción urbanística» a ojos de los técnicos municipales, pero como han pasado al menos cuatro años desde que se cometió, declaran el asunto prescrito. No sucede lo mismo con la climatización.
Por un lado, Podemos consigue la prescripción de este espacio de 200 metros cuadrados construidos ilegalmente sobre la cubierta del edificio. Pero, por otro, no obtiene la ‘amnistía’ de los aparatos de aire acondicionado colocados indebidamente, como pedían.
La Agencia de Actividades del Ayuntamiento establece en un informe: «Denegamos la prescripción de la infracción urbanística tipificada en la Ley de Suelo de 2001 de la Comunidad de Madrid solicitada por Pablo Manuel Fernández Alarcón [gerente del partido], en representación de Podemos, consistente en una instalación de climatización por aire acondicionado compuesto por cuatro equipos interiores y cuatro unidades condensoras».
«No ha quedado debidamente acreditado que han transcurrido más de 4 años desde su total terminación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Suelo»
Se trata de un gran equipo situado en la última planta que Podemos tendrá que desmontar. El Ayuntamiento, a través de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, señala que «no se describen las características técnicas ni se reflejan su ubicación en planos de planta y con la documentación presentada por el interesado, no ha quedado debidamente acreditado que han transcurrido más de 4 años desde su total terminación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Suelo».
A continuación, la administración local «advierte» al representante de Podemos que como se trata de «instalaciones resultantes de infracciones urbanísticas prescritas» sólo podrán autorizarse «pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato, la conservación del inmueble, la accesibilidad y las obras tendentes al mantenimiento de la seguridad».
Finalmente, señalan que Podemos tiene que pagar 52,85 euros por prestación de servicios urbanísticos por la expedición de certificados urbanísticos.
A estas dos infracciones se suma el hecho de que todo el edificio albergó desde el año 2000 las oficinas de una empresa multinacional de viajes sin licencia de funcionamiento. Únicamente esta compañía tenía autorización para usar la nave como «industrial». Sin embargo, esta firma la usó sin licencia para instalar las oficinas.
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