La Audiencia pasa al Tribunal Superior de Madrid el recurso de Ayuso contra la condonación de la deuda

La Audiencia Nacional ha declarado su incompetencia para resolver el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la condonación parcial de deuda autonómica –en realidad, que el Estado asuma la deuda autonómica, en particular, de Cataluña–.

La Audiencia ha remitido el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que la resolución recurrida no proviene de un ministro o secretario de Estado, según establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El TSJM por su parte está analizado si es competencia suyo. Si decide finalmente que no, será la Sala Tercera, de lo Contencioso, del Tribunal Supremo quien dirima el conflicto de competencia negativo.

La decisión de la Audiencia, que adelanta OKDIARIO, ha sido adoptada mediante auto fechado el 12 de junio de 2025 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional. El tribunal ha fundamentado su fallo en que el acuerdo impugnado fue adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su sesión plenaria número 109, celebrada el 26 de febrero de 2025.

La resolución judicial supone un obstáculo en el pleito impulsado por la Comunidad de Madrid. El recurso deberá, en todo caso, estudiarse ahora ante la Justicia madrileña en lugar de en la Audiencia Nacional.

El auto señala expresamente que «no encontrándonos ante una resolución dictada por el ministro o secretario de Estado, la competencia para conocer del presente recurso contencioso-administrativo, corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid». La decisión se ampara en los artículos 10 y 11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Audiencia Nacional ha estimado que, aunque el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, la naturaleza jurídica del acuerdo impugnado no se corresponde con las competencias atribuidas expresamente a este tribunal. En todo caso, el órgano colegiado está presidido por el titular del Ministerio de Hacienda –María Jesús Montero– e integrado por los consejeros autonómicos del ramo.

Origen del conflicto

El recurso de la Comunidad de Madrid impugna el acuerdo por el que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda autonómica, de los cuales 8.644 millones corresponden a la región madrileña. El Gobierno de Ayuso considera la medida «contraria al principio de igualdad» y un «peaje intolerable a los partidos independentistas».

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, había anunciado en octubre de 2024 la presentación de alegaciones contra el anteproyecto de ley. Albert argumentó que la decisión «pervierte el que era el objetivo último, volver a los mercados» y defendió que era «imposible» dedicar el ahorro de intereses a gasto social sin recortar otras partidas presupuestarias.

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, afirmó en mayo que el acuerdo discrimina entre regiones y «favorece a aquellas más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal». La Comunidad de Madrid cifra en 500 euros por habitante el coste de la operación para los madrileños, aunque el secretario general del PSOE de Madrid y ministro Óscar López rebatió sorprendentemente este cálculo asegurando que supondría un ahorro de 1.234 euros por madrileño.

El Ejecutivo autonómico mantiene que no aceptará su parte de la condonación. Albert declaró que «las deudas se pagan» y que Madrid puede hacer frente a sus obligaciones financieras sin necesidad de esta quita de deuda.

El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene su origen en el pacto alcanzado en noviembre de 2023 entre el PSOE y ERC en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. La fórmula se aplica a todas las comunidades autónomas de régimen común, excluyendo a Navarra y País Vasco por su sistema foral.

Cataluña es la región con mayor pasivo en manos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con aproximadamente 77.000 millones de euros. Sin embargo, la Comunidad Valenciana y Murcia presentan la mayor ratio de endeudamiento sobre el PIB. Madrid, que ha optado por financiarse en los mercados, no mantiene deuda con el FLA.

La presidenta Ayuso afirmó que «no se puede tener más caradura» y denunció que se impone «a punta de pistola al resto de los españoles» asumir «ese trágala inasumible e inaceptable». En julio de 2024, la mandataria madrileña advirtió que recurriría «a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional» y «donde tengamos que ir» para oponerse a lo que calificó como «sentencia de muerte contra España».

El Gobierno regional también reclama un nuevo sistema de financiación autonómica «moderno y transparente» que evite «desequilibrios como los actuales, que convierten a Madrid, siendo la que más aporta, en una de las que menos recursos recibe por habitante», según ha manifestado la consejera Albert.

La decisión de la Audiencia Nacional de declinar su competencia convierte este litigio en un intrincado laberinto jurisdiccional. El recurso, que nació con vocación de resonancia nacional, deberá dirimirse por ahora en los tribunales madrileños, una paradoja que no pasará desapercibida.