La Audiencia Nacional ve «parciales, sesgados y sin objetividad» los informes de los peritos del caso Bankia

La Audiencia Nacional ha rechazado que declaren como testigos en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, que comenzará a finales de año, los dos peritos designados por el Banco de España, cuyos informes califica de «parciales, sesgados» y sin objetividad.

En el auto, que fija la fecha de inicio del juicio para el próximo 26 de noviembre, la sección cuarta de la Sala de lo Penal ha admitido en cambio numerosos testimonios solicitados por las acusaciones.

Entre ellos los que demandaba la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que incluye al ex gobernador del Banco de España Luis María Linde, su predecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de la CNMV Julio Segura y Elvira Rodríguez.

Asimismo, tendrán que declarar el exministro de Economía Luis de Guindos, los presidentes de BBVA, Francisco González; la Fundación Bancaria la Caixa, Isidro Fainé y Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Y también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y la expresidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC) Ana Martínez Pina, ahora número dos de la CNMV.

Por lo que respecta a Antonio Busquets y Víctor Nogueras, los dos peritos asignados por el Banco de España a petición del juez instructor, Fernando Andreu, cuestionaban en sus informes no solo las cuentas con las que Bankia salió a bolsa en julio de 2011, sino también las que formuló Rodrigo Rato durante todo su mandato y las que reformuló después su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri.

Durante su comparecencia, los técnicos trataron de hacer ver cómo los problemas de Bankia venían desde mucho antes de su constitución, llegando a afirmar que una de sus entidades integrantes, el Banco de Valencia, era «lo peor» con lo que se habían topado en su carrera profesional.

Ahora, la Sala de la Audiencia Nacional rechaza el testimonio de ambos al considerar que en sus informes de diciembre de 2014, marzo de 2016 y mayo de 2017, «resultan parciales, sesgados e invaden funciones exclusivamente jurisdiccionales, llegando a realizar calificaciones jurídico penales de signo marcadamente peyorativo».

Todo ello con «una acentuada pérdida de objetividad crecientemente manifestada en la instrucción, conforme sus conclusiones eran rebatidas por otros peritos o por la interpretación normativa expresada por el Banco de España».

La instrucción del «caso Bankia» se inició en 2012 y, tras seis años de pesquisas, se sentarán en el banquillo una treintena de exconsejeros y antiguos directivos del grupo, entre ellos su primer presidente, Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión por presunta estafa en la salida a bolsa.

La extinta UPyD presentó en junio de 2012 la primera querella por estafa, apropiación indebida y falsedad contable contra 35 directivos y consejeros, incluidos Rato, su número dos, Francisco Verdú, el expresidente de Bancaja José Luis Olivas, y el exministro Ángel Acebes, a los que acusó de ocultar la situación patrimonial para «recabar varios miles de millones de euros».