La Audiencia Nacional se suma a la rebelión del Supremo y también recurrirá la amnistía ante Europa

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también planteará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una vez la haya presentado el Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO. Las mencionadas voces explican que los jueces de este tribunal -en el que se instruyen causas relacionadas con el independentismo- dudan sobre la aplicación de la amnistía en cuanto a los plazos previstos en el texto y los delitos de terrorismo. De este modo, el olvido de los delitos cometidos por los secesionistas quedará paralizado hasta que los tribunales europeos no resuelvan estas cuestiones. La Audiencia Nacional se suma así a la ofensiva del Supremo contra la amnistía.

La publicación de la amnistía en el BOE está cada vez más cerca. Una vez se publique y entre en vigor, los jueces tendrán un plazo de dos meses para aplicarla y amnistiar las causas previstas en este texto legal, condición sine qua non para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente con el apoyo de los independentistas. La redacción de esta ley ha sido cuestionada a través de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por un borrador del Consejo Fiscal en el que se evidencian las deficiencias de la amnistía.

Los primeros en dar el paso de llevar la amnistía a la corte comunitaria serán los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, tras ellos, les tocará el turno a los jueces de la Audiencia Nacional. Actualmente, en la Audiencia Nacional se investigan causas relacionadas con el independentismo, como Tsunami o CDR, en las que hay imputadas un delito de terrorismo. Ambas recaen sobre el Juzgado Central de Instrucción número 6 que, según las fuentes consultadas, cerrará el sumario sin procesar, para que sea la Sala de lo Penal la que decida si debe enjuiciarles o no teniendo en cuenta la amnistía. En este punto será cuando la Sala presente la cuestión prejudicial, puesto que las directivas y tratados europeos no contemplan que el terrorismo sea amnistiable.

Además, también plantearán dudas sobre el espectro temporal de aplicación de la amnistía, después de que la Comisión de Venecia considerase que la ley cubre un periodo muy amplio. Los juristas de este órgano consultivo del Consejo de Europa consideran que el texto legal debe acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía, para hacer más previsibles sus efectos. Indican que debe establecerse una relación causal más estrecha entre «las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias» y los actos de malversación y corrupción.

Tribunal de Cuentas

El Supremo y la Audiencia Nacional no son los únicos tribunales en los que barajan poner una cuestión prejudicial sobre la amnistía. Fuentes consultadas señalan que los jueces del Tribunal de Cuentas, que han llevado a juicio la responsabilidad contable en el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern en el marco del procés, también podrán llevar la amnistía a Europa.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 ex cargos de la Generalitat están imputados en esta causa. El órgano fiscalizador rechazó paralizar el procedimiento ante la previsible entrada en vigor de la amnistía, tal y como pedían las defensas de los independentistas. De este modo, la causa continúa y, tras tomar declaración a los imputados, la consejera ha pedido a demandantes y demandados que presenten por escrito sus conclusiones finales.

La Fiscalía ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros, mientras que la acusación popular ejercida por la entidad Sociedad Civil Catalana solicita 5 millones a Puigdemont y otros 10 ex altos cargos de la Generalitat. Una vez presentados también los escritos de las defensas, el juicio quedará visto para sentencia cuyo fallo se espera una vez que concluyan las elecciones catalanas señaladas para el próximo 12 de mayo. Todo ello a la sombra de la amnistía en la que se incluye este procedimiento que podría quedar paralizado al presentar cuestiones prejudiciales ante los tribunales europeos.

«Los plazos de resolución de las prejudiciales suelen durar hasta dos años aunque pueden resolverse por trámite de urgencia en tan sólo seis meses, hasta que no se resuelvan la amnistía quedará paralizada y las medidas cautelares no podrán mantenerse», zanjan fuentes jurídicas expertas consultadas por este periódico.