La asociación mayoritaria de los jueces reprocha al Gobierno que no proteja a Llarena en Bélgica

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha mostrado este viernes su más rotunda oposición al acuerdo por el que Justicia explicó ayer que no asumirá la defensa del instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo Pablo Llarena «por los actos privados que se le atribuyen» en relación con la causa civil planteada en Bélgica contra el magistrado por el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consejeros fugados. Reclama a la ministra Dolores delgado que defienda a Llarena y a la soberanía española «sin reservas».

Así lo ha señalado el portavoz de esta asociación, mayoritaria en la carrera y a la que Llarena pertenece, como respuesta al comunicado en el que el Ministerio explicaba cómo actuará ante la causa civil abierta en Bruselas contra el magistrado del Supremo español.

«Mostramos nuestra profunda oposición a esta lectura y a esas hipotéticas cautelas a la hora de enfocar la defensa de este asunto -ha incidido-. Se debe actuar sin reservas porque se trata de defender no sólo a Llarena, sino la soberanía española».

Justicia explicó que no se trata de defender personalmente al juez en alusión a parte del contenido de la demanda de Puigdemont, que señala que Llarena no es imparcial por unas manifestaciones que habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero donde dijo que en la causa por el ‘procés’ independentista en Cataluña «no hay presos políticos».

«No existen declaraciones privadas, la demanda trata de desautorizar el sumario del Supremo en su conjunto», señala Rodríguez, que añade que el magistrado Llarena no dijo nada que no constara en sus resoluciones judiciales en este procedimiento.

El Ministerio de Justicia estudia contratar un bufete privado en Bélgica que defienda la «competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española» en la causa del ‘procés’ frente a la demanda civil presentada en dicho país contra el instructor del caso, Pablo Llarena, por el expresident Carles Puigdemont. Pero aclaró en una nota que «en ningún caso» asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo español «por los actos privados que se le atribuyen».

La respuesta del Gobierno es consecuencia del amparo concedido hace una semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor de la causa del ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo. Concretamente, se solicitó la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».