España
Anulación de nombramiento

Así se defendía Valerio de su nulo prestigio jurídico: «Todo en la vida es opinable»

Valerio respondió que había "pasado por todos los estamentos de la Administración pública"

«Todo es opinable». Así se defendió en 2022 la ex ministra socialista Magdalena Valerio de las críticas de la oposición en el Congreso por su «falta de prestigio jurídico» para ser presidenta del Consejo de Estado. El Tribunal Supremo ha anulado este jueves su nombramiento al considerar que no cumplía con este requisito que exige la ley.

La ex ministra respondió a las críticas de los miembros de PP y Vox diciendo que «hay algunos de ustedes que opinan que yo no soy una jurista de reconocido prestigio y yo lo respeto». «Esto es opinable, todo en la vida es opinable y ya está», añadió. Valerio puso en valor su trayectoria en la Administración pública como principal característica positiva: «Está mi experiencia, he pasado por todos los estamentos de la Administración pública del país, desde lo municipal hasta el Gobierno de España».

José María Sánchez García, de Vox, dijo que «con todo el respeto, no podía acreditarse un enorme prestigio como jurista». «No podemos votar su idoneidad ni estar ajenos a su conflicto de interés», concluyó el diputado de la formación de Santiago Abascal.

Por su parte, la popular Edurne Uriarte reconoció que aunque «cumple ampliamente su segundo requisito», el del conocimiento experto de los asuntos de Estado, no entraba dentro del otro. Consideraba la diputada del PP que «no encaja» en el «prestigio jurídico». «La ley orgánica plantea algunas dudas en torno a su candidatura», concluyó Uriarte.

El Supremo anula el nombramiento

El Alto Tribunal ha anulado este jueves el nombramiento de la ex ministra como presidenta del Consejo de Estado al considerar que Valerio no cumple con la exigencia de ser «jurista de reconocido prestigio». Para poder ocupar el máximo cargo de ese organismo, es necesario que el candidato tenga un reconocido prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado.

El magistrado ha basado su argumentación en que es «cristalino» que se necesitan ambas exigencias para poder ser presidente del Consejo de Estado. Y ha concluido que «no hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra».

La Fundación Hay Derecho era la entidad que había planteado el recurso frente al Tribunal Supremo. La organización solicitaba que se considerara que se incumplía con uno de los dos requisitos y que, por tanto, se anulase el nombramiento.

La anulación de este nombramiento se suma a un día aciago en el apartado judicial para el PSOE. El Consejo General del Poder Judicial también este jueves ha declarado «no idóneo» a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado después de que los socialistas lo ratificaran en el cargo.