El anónimo contra Ayuso que Egea filtró coincide con el que Mónica García ha presentado a la Fiscalía
La denuncia de Mónica García contra Ayuso se basa en recortes de prensa y sms que tiene desde hace 4 meses
La Fiscalía investigará a Ayuso pese a reconocer que carece de «indicios razonablemente verosímiles»
La Fiscalía archivará la investigación contra Ayuso por falta de pruebas
El contenido del documento anónimo contra Isabel Díaz Ayuso que recibió el Partido Popular –y que el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha filtrado a la prensa– coincide con el de los SMS que Mónica García, líder de Más Madrid, ha presentado a la Fiscalía. Coinciden incluso en los errores. En la carta de un folio y medio que fue remitida a los populares para alertar de una posible práctica irregular en la adjudicación de contratos en la Comunidad de Madrid y en los mensajes telefónicos se explica cómo el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió 300.000 euros «en dos transferencias» con el concepto “intermediación».
«En el peor momento de la pandemia, en abril de 2020, la Comunidad de Madrid (CAM) adjudicó un contrato (Expediente A-SUM-011335-2020) para mascarillas y EPIs (Equipos de Protección Individual) para el hospital de Ifema. Fue a la empresa Priviet Sportive, de Daniel Alcázar, amigo de Isabel Díaz Ayuso de Sotillo de la Adrada, que se dedica al calzado y a la confección pero que días antes cambió su CNAE para poder vender material sanitario”, reza el texto del anónimo filtrado a la prensa.
Curiosamente, en los mismos términos se expresaba un denunciante desconocido, cuatros meses atrás, que había puesto sobre aviso al equipo de Más Madrid. En los mensajes que recibieron Íñigo Errejón y Mónica García, el anónimo aseguraba que «la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones para EPIS –equipo de protección individual– y mascarillas de Ifema».
Los mensajes, que transcribimos de forma literal -con faltas de ortografía incluidas- decían:
«Querida Monica, querido Iñigo. Os hago llegar un caso grave de corrupcion del hermano de Diaz Ayuso».
«Recurro a vosotros porque no se como denunciarlo a Anticorrupcion ni me puedp exponer personalmente».
«En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid».
«Adjudico un contrato de 1’5 millones para Epis y mascarillas de Ifema».
«Lo hizo a la empresa Priviet sportive de Daniel Alcazar, amigo de los Ayuso».
«Una empresa de calzado y confeccion que cambió su CNAE dias antes».
«Y cuando ingreso los pagos de la CM hizo transfer por valor de 300.000€ a Tomas Diaz Ayuso».
«El concepto de esas transfer es intermediacion Comunidad dw Madrid».
«Pero si la intermediacion ya seria delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcazar es un testaferro de Tomas Ayuso».
«Es un delito, sino son muchos y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas».
«En vuestra mano esta que no quede impune».
Lo más curioso de todo es que, tanto la carta que recibió el PP como los SMS enviados a Más Madrid, contienen el mismo error: la supuesta adjudicación al amigo de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, para la adquisición de EPIs. Un encargo que nunca se produjo puesto que el contrato se limitaba a la compra de mascarillas.
No hay indicios sólidos
La Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 22 de febrero abrió diligencias contra Isabel Díaz Ayuso tras las denuncias de los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid, reconoce que los indicios contra la presidenta de la Comunidad no son sólidos. «Las hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo –en la que está aforada Ayuso–, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», señaló en un escrito el fiscal jefe Alejandro Luzón.
Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el Ministerio Público terminará archivando esta investigación una vez que se revise la documentación aportada por los denunciantes y la Comunidad de Madrid y se practiquen algunas diligencias puesto que «no existen indicios suficientes para judicializar la causa».
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